Más allá de presentarse como “Bono”, el Bocade es esencialmente una “cuasimoneda”, porque, como anunció el gobierno provincial, se usará para pagar el 30% de los salarios de los empleados públicos riojanos y se podrá usar para pagar impuestos, bienes y servicios. Su alcance y cotización como medio de pago en los comercios de la provincia se dilucidará en los próximos meses, al igual que su capacidad de “contagio” a otras provincias
Que La Rioja sea la primera en recurrir a una cuasimoneda no es casual. De 24 distritos subnacionales (CABA y 23 provincias) fue en 2023 y en años previos la más dependiente de las “transferencias corrientes y de capital” (excluidas las “automáticas” por coparticipación y la recaudación propia) del gobierno nacional. Estas explicaron casi un quinto (19,5%) de sus ingresos totales.
A valores de diciembre pasado, Marcelo Capello, investigador del Ieral y experto en temas fiscales, estimó que en 2023 la provincia recibió, entre transferencias “automáticas” y “discrecionales”, $851.000 por habitante; a razón $71.000 por habitante por mes.
En declaraciones a Radio 10, Quintela aseguró que debe emitir la cuasimoneda a raíz de una deuda de más de $10.000 millones de la Nación con la provincia generada a partir del resultado del balotaje presidencial y por la que en febrero demandará a la Nación ante la Corte Suprema de Justicia.
“Sergio Massa iba cubriendo parte de esos fondos y se dejó de pagar una parte de octubre, noviembre y diciembre. Eso hace un monto aproximado de $9.300 millones. A eso hay que agregar otros $3.700 millones de enero. La Rioja no puede prescindir de esa plata porque es parte de la coparticipación, recursos que son parte de las provincias”, dijo el mandatario riojano, que a la par de la decisión de emitir el Bocade anunció el pago de un extra de entre 50.000 y 80 mil pesos a los empleados públicos de la provincia.
Cabe acotar, sin embargo, que en los primeros 13 días hábiles de este año La Rioja recibió en concepto de “transferencias automáticas” de Nación $21.148 millones, casi 230% más que los $6.417 millones que había recibido en las primeros 13 días hábiles de 2023, según la información que día a día informa la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales (DNAP) de la Secretaría de Hacienda.
La altísima dependencia de La Rioja de fondos de Nación se debe a su desmesurado gasto público y a que hace más de 30 años es un distrito privilegiado por las transferencias “discrecionales” (esto es, distribuidas con criterio político) de Nación.
Respecto de lo primero, basta mencionar que tiene más empleados públicos que empleados privados en blanco y cuenta con nada menos que 38 empresas públicas provinciales.
Reparto de votos y de coparticipación
El privilegio riojano, en tanto, es el resultado de transacciones políticas: en 1988 Carlos Menem y Antonio Cafiero, entonces gobernadores de La Rioja y Buenos Aires, respectivamente, para ganar la interna por la candidatura presidencial del PJ prometieron puchos de coparticipación a distintos jefes provinciales a cambio de apoyo en la interna. El Congreso, en el cual el PJ dominaba ambas cámaras, sancionó la ley 23.548 , titulada “Régimen transitorio de distribución entre la Nación y las Provincias”, transitoriedad que ya lleva 35 años, pues empezó a regir en 1989.
La ley perjudicó a Buenos Aires (Cafiero dejó 6 puntos de “copa” en el camino e igual perdió la interna) y para atender urgencias apartó 3 puntos de “masa coparticipable” para que Nación reparta a piacere como “Aportes del Tesoro Nacional” (ATN).
Con Menem en la Rosada, La Rioja pasó a encabezar lo que entonces llamaban “La Liga de los Atenienses” (gobiernos privilegiados en el reparto de ATN) y para compensar a Buenos Aires en 1992 el riojano acordó con Eduardo Duhalde (su vice de la interna de 1988) crear el “Fondo del Conurbano Bonaerense”, apartando 10% de la recaudación del impuesto a las Ganancias de la “masa coparticipable” (fue una de las más de 160 modificaciones que desde su sanción tuvo la “ley transitoria”).
El privilegio riojano en la distribución de ATN y otros fondos “discrecionales” se mantuvo desde entonces. Jorge Yoma, que fue testigo directo de esos arreglos argumenta ahora, a favor del gobierno de Quintela, que la ley vigente perjudicó a La Rioja al asignarle un coeficiente inferior a lo que recibía en los años previos.
Capello, sin embargo, precisa que la ley dio a la provincia un coeficiente de casi 2%, pese a contar con una población del 0,8% y una participación en el PBI nacional del 0,6% y que en la anterior ley de coparticipación (20.221, que rigió entre 1973 y 1983) La Rioja tenía un coeficiente de 1,7 por ciento. Lo que La Rioja en realidad extrañaba eran los porcentajes que recibió entre 1984 y 1988, durante el gobierno de Raúl Alfonsín, cuando no había ley de coparticipacion, el gobierno nacional distribuía los recursos a discreción y Menem, líder de la “renovación peronista”, era el gobernador del PJ más próximo al líder radical.
Tucumán se despega
Con la decisión del presidente Javier Milei de terminar con los fondos discrecionales y que las provincias se arreglen con las transferencias automáticas y su propia recaudación, ¿hasta qué punto el caso riojano puede “contagiar” a otras provincias? El tucumano Osvaldo Jaldo se despegó de esa posibilidad que -dijo- “perjudica a la gente”.
La provincia “tiene que funcionar presupuestariamente con lo que le corresponde por ley y con lo recaudado por rentas provinciales y que no tengamos que ser Nación–dependientes e ir todos los meses a pedir recursos para pagar sueldos”, afirmó.
El antecedente de que las cuasimonedas degeneren en “guerra fiscal”, como llamaron los economistas Gerardo della Paolera y Alan Taylor en el paper Gaucho Banking Redux, el rol que ese tipo de emisión cumplió en el año final de la convertibilidad a fin de eludir la rigidez del sistema y las estrecheces de la recesión iniciada a mediados de 1998.
Poco después el gobierno nacional anunció la emisión de las Letras de Cancelación de Obligaciones Provinciales (Lecop, otra cuasimoneda, pero nacional) para pagar deudas con las provincias (en especial con Buenos Aires) y el 17 de octubre estableció “un régimen transitorio de cancelación total o parcial de obligaciones tributarias nacionales” con Lecops y Patacones, permitiendo pagar impuestos nacionales con ambos títulos a valor nominal.
“Esta decisión del gobierno de De la Rúa implicaba nacionalizar y monetizar el déficit de la provincia de Buenos Aires. Lo cual sumado a la creciente exposición de los bancos privados a deuda provincial pondría al sistema financiero en una situación altamente vulnerable”, escribió el economista e historiador Emilio Ocampo, el mismo de quien Milei dijo que presidiría el Banco Central “para cerrarlo” y por cuyo plan de dolarización se había inclinado inicialmente.
