Aun así, en el análisis de Lingeri se afirmó que desde el punto de vista estrictamente jurídico, el decreto de Milei “puede ser tildado de inconstitucional ya que avanza sobre competencias que no tiene el Poder Ejecutivo Nacional en materia de DNU”. Tras recordar que el artículo 99, inciso 3 de la Constitución Nacional limita la posibilidad de emitir DNU sobre temas tributarios, señaló que “es evidente” que la imposición que se realiza en el artículo 19 bis que se incorpora a la Ley de Obras Sociales debiendo abonar el 20% sobre los pagos de bolsillo tiene “naturaleza fiscal”.
¿Eso significa que la CGT también podría hacer una presentación judicial para tratar de frenar este capítulo sobre obras sociales del DNU? Es improbable, aunque todavía no está decidido. El informe de Lingeri ya está en manos del cotitular de la CGT Héctor Daer (Sanidad) para que sea analizado por toda la conducción cegetista y pueda tomarse una resolución. De todas formas, como surge de la evaluación, el impacto de la reforma propuesta por Milei no sería perjudicial para las obras sociales.
Para la CGT, según figura en el estudio, la reforma del sistema de salud del DNU 70 “pareciera ser una norma destinada a disminuir o eliminar los costos de la intermediación en la competencia generada por la opción de cambio social, pero no aborda los verdaderos problemas del sistema”.
Por eso consideró que los cambios “no implican una reforma del sector y pareciera estar destinados exclusivamente a la apertura hacia la medicina prepaga en la creencia (errónea, agregó Lingeri) de ese es el problema del sistema; dicho de otro modo, si la eliminación de los costos de la intermediación va a incidir en la mejora de la accesibilidad y en la equidad de los beneficiarios en su atención médica”.
