Hace años que la sociedad argentina debate acerca del tamaño del Estado. Tal fue el aumento en la intensidad de la temática que el presidente Javier Milei se apropió del asunto y lo convirtió en una de sus principales banderas de campaña. Pero el momento electoral terminó y llegó la hora de gobernar. Entonces, achicar el Estado, y valga la redundancia, se convirtió en una cuestión de Estado.
Pero más allá de las intenciones o de la decisión de usar motosierra o tijera, ¿Qué es lo que se puede achicar desde el sillón más importante de la Casa Rosada? Valen la pena algunos números y otras definiciones para adentrarse en el tema. un empleado público es el personal que percibe un salario bajo relación laboral de dependencia con una entidad pública aunque tenga diferentes regímenes legales como la ley de empleo público, la de contrato de trabajo u otras leyes especiales.
En principio, y antes de entrar a los números finos, como universo general, lo que se conoce como empleados públicos es una dotación de alrededor de 4 millones de personas, que en 2005 eran 2,5 millones, y que se distribuyen entre la Nación, las provincias y los municipios. Sólo para comparar, los asalariados privados son 6,3 millones, mientras que entonces sumaban alrededor de 6 millones.
Milei tiene jurisdicción directa sobre 792.405 de esos 4 millones, que son los que tienen relación de dependencia con la Nación. Más allá de que la gran mayoría dependen de las provincias y municipios, vale detenerse en los diferentes estamentos de la Nación.
Dentro de los “empleados públicos” que dependen del poder central está la administración central y los organismos descentralizados, entre los que se cuentan la Administración de Parques Nacionales, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), la Unidad de información Financiera (UIF), la Comisión Nacional de Energía Atómica, entre otras más de 60. Esa nómina incluye todos los ministerios, los funcionarios públicos y el personal de seguridad y las Fuerzas Armadas. Esos dos ítems forman la llamada Administración Pública Nacional (APN).
De acuerdo a un profundo estudio que confeccionó la Fundación País Abierto y Digital (PAD) -presidida por Andrés Ibarra, quien estuvo a cargo del área de Modernización durante la presidencia de Mauricio Macri, realizado en el marco del Plan integral de Reformas desarrollado por el Instituto de Estudios sobre la realidad Argentina y Latinoamericana (Ieral), en este lugar es donde se ha dado la mayor expansión porcentual del empleo público. Del documento surge que en 2005 la nómina de personal civil de la Nación (se excluyen policías y militares) era de 124.409 y llegó a 237.889 en 2015. Es decir, se duplicó en 10 años durante las administraciones de Néstor y Cristina Kirchner.
En la presidencia de Mauricio Macri la cifra se redujo 18,8% a 193.084 (44.805 empleados menos), algo así como 11.200 por año. Pero el regreso del kirchnerismo, esta vez envuelto en el traje de Alberto Fernández, prácticamente regresó a los números anteriores. El expresidente incorporó 38.836 dependientes sólo a la APN (9709 por año). Para terminar de graficar: Fernández adicionó 26 nuevos trabajadores estatales por día, sábado, domingos y feriados incluidos.
Pero esto no es todo. Como se dijo, la APN tiene una nómina de 238.000 –entre administración central y organismos descentralizados– de los 792.405 totales. ¿Cómo se llega a esa cifra? El Poder Ejecutivo Nacional tiene, además, los llamados “otros entes”. En ese territorio se cuentan tres de los más importantes: el PAMI, la Anses y la AFIP. Y finalmente, las empresas públicas como las ferroviarias (con alrededor de 30.000 personas) y el Correo Argentino (17.000) como los principales empleadores.
Hay algunos anillos más para llegar al total de estatales nacionales. Ya fuera del Poder Ejecutivo, se encuentran los dependientes de las Universidades Nacionales, los empleados del Poder Legislativo y, finalmente, el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal. Ese conteo es el que termina por sumar los 792.405. Un punto: en 2005 había 540.026 y en 2015 ya llegaba a 798.356. Con Macri bajó a 746.828 y Fernández la devolvió a un número parecido al de 2015.
“Nosotros hicimos un trabajo personal. Recuerdo que cuando pusimos la presencialidad y la necesidad de cumplir horarios, hubo 2000 renuncias inmediatas porque era gente que se le hacía más rentable renunciar y seguir con su actividad principal –dice Pablo Legorburu, secretario de Empleo Público del Ministerio de Modernización en el gobierno de Macri y miembro, con Fernando Viola, de la Fundación PAD–. Cuando llegamos en 2015, solo el 8% de los molinetes de control de ingreso biométrico funcionaban. Cuando nos fuimos [en 2019] estaban instalados alrededor de 96%, la mayoría con sistema de lectura de huella digital.”
La expansión del empleo público bien puede ilustrarse con un dato oficial que publica el Ministerio de Trabajo y que se denomina Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Una buena medida de entender el crecimiento del Estado por sobre el sector privado es mirar qué pasó con uno y con otro en un determinado período. Siempre según los datos del SIPA, el trabajo en el Estado aumentó mucho más que el privado. Si se toma 2012, por cada 100 empleados públicos que había entonces, en septiembre pasado llegaban a 137,2. Nunca dejó de crecer. Por el contrario, los asalariados formales que están en el sector privado, pasaron de 100 a 104,3 en septiembre, después de atravesar varios períodos por debajo de 99 y llegar en mayo de 2020, en plena pandemia, a 94,8.
La conducción del Estado
La motosierra de Milei empezó a sonar algo más fuerte en lo que se podría llamar la conducción del Estado. Acá también se vio una feroz expansión de cargos. A los números. En 2011, Cristina Kirchner contaba con 296 autoridades superiores y 1408 en lo que se denomina Alta Dirección, lo que da un total de 1704 funcionarios. Para 2015, ese número pasó a 3050, es decir, en 4 años la expresidenta sumó 1346 jerarcas del Estado, lo que significó un aumento de 79%.
