Francia está sumergida en una aguda crisis política, después de que 32 departamentos dirigidos por la izquierda anunciaron su negativa a aplicar la ley de inmigración aprobada ayer por las dos Cámaras del Parlamento, con el apoyo masivo de la extrema derecha. Decidido a hacer adoptar esa prometida ley, el presidente Emmanuel Macron multiplicó las concesiones a la Reunión Nacional (RN) de Marine Le Pen, proponiendo un texto en el cual algunas medidas ponen en tela de juicio ciertos principios fundamentales de la república, como la igualdad de derechos sociales o el ius solis (derecho de suelo).
“Una ley inspirada por la extrema derecha, votada en medio del desorden general bajo la presión de un Ejecutivo que pretendía encarnar la moderación”, condenó el prestigioso vespertino Le Monde en su columna editorial.
A su juicio, en los últimos 40 años, raramente algún gobierno había manifestado un compromiso semejante con “las fuerzas que prosperan designando al extranjero como chivo expiatorio”.
“Nunca un Ejecutivo había aceptado un proyecto de ley de inmigración concebido con la intención de atraer tanto a la izquierda como a la derecha, y que termine siendo un catálogo digno de un panfleto de RN. Incluso sin que esta haya estado asociada, excepto para la votación final. Jamás un gobierno –y también el país– había estado hasta ese punto a merced de la extrema derecha de la RN”, agrega Le Monde.
En efecto, el proyecto original, apoyado por la mayoría de los franceses, reunía una serie de disposiciones más o menos represivas o restrictivas, destinadas a facilitar las expulsiones, acelerar las decisiones de asilo o exigir un nivel mínimo de conocimiento del francés para obtener un permiso de residencia.
También contenía una medida inédita: un derecho de regularización para aquellos indocumentados que trabajan en áreas en tensión, como la gastronomía, la agricultura o la construcción.
