El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, cerró este jueves un acuerdo con el partido del independentista catalán Carles Puigdemont, indispensable para volver a ser investido como jefe del ejecutivo, a cambio de una polémica ley de amnistía que ha disparado la tensión en el país.
Tras semanas de intensas negociaciones, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) de Sánchez y la formación de Puigdemont (Junts per Catalunya) firmaron su acuerdo en la mañana del jueves, informaron ambas formaciones en mensajes a la prensa, sin dar detalles del contenido.
Hemos alcanzado un acuerdo con JxCat que constituye una oportunidad histórica para resolver un conflicto que sólo desde la política puede y debe resolverse.
Carles Puigdemont compareció por la tarde (hora local) desde Bruselas, cerca de donde reside desde su salida de España en 2017 para esquivar a la justicia española.
“No nos fiamos de las palabras ni de las promesas. Y seguramente la otra parte opina lo mismo y tendrá falta de confianza en nosotros. Esperemos que un día no sea así”, afirmó Puigdemont durante el acto.
“Se condiciona a la legislatura al cumplimiento de las condiciones del acuerdo. Sin el cumplimiento, la legislatura no puede avanzar. Dependerá de que la negociación se mantenga a lo largo de la legislatura y el acuerdo se vaya cumpliendo”, agregó.
Puigdemont explica que el acuerdo con el PSOE «defiende la legitimidad del referéndum del 1 de octubre y de la declaración de independencia»
«Son decisiones tomadas en nombre del pueblo de Cataluña y por sus legítimos representantes», asegura pic.twitter.com/npqd3MjQli
Dado por muerto políticamente hace apenas unos meses, Sánchez parece muy cerca ahora de lograr una nueva investidura después de haber contradicho los sondeos que proyectaban su derrota definitiva en las elecciones legislativas del 23 de julio, celebradas solo dos meses después de la debacle de la izquierda en las elecciones locales.
En el poder desde 2018, Sánchez aguantó mejor de lo previsto ante su rival conservador Alberto Núñez Feijóo, cuyo Partido Popular (PP, derecha) ganó las elecciones, pero no consiguió después los apoyos suficientes de otras formaciones para ser investido por el Parlamento.
A cambio de los votos indispensables de los diputados independentistas catalanes, el socialista tuvo que ceder ante su exigencia de impulsar una ley de amnistía para sus dirigentes y militantes procesados por la justicia española, principalmente por su implicación en el intento de secesión de Cataluña en 2017.
Esta ley, que debería permitir el regreso a España de Puigdemont, tendrá que ser votada en el Parlamento, en cuanto Sánchez sea investido por los diputados, previsiblemente la próxima semana. El miércoles, la Comisión Europea pidió a Madrid “información detallada” sobre este proyecto de amnistía.
Sánchez –quien llegó al poder en 2018 gracias, entre otros, al apoyo de los partidos catalanes– indultó en 2021 a los nueve dirigentes separatistas condenados a prisión por su implicación en la intentona separatista y, al año siguiente, su mayoría reformó el Código Penal para suprimir el delito de sedición por el que fueron condenados.
Pero esta nueva concesión a los independentistas subió la tensión en el país. La derecha y la extrema derecha acusan al socialista, quien se oponía en el pasado a la idea de una amnistía, a estar dispuesto a todo para mantenerse en el poder.
La violencia es responsabilidad de Marlaska. En primer lugar porque es lo que él y Sánchez pretendían, con las órdenes políticas de cargar y gasear a manifestantes pacíficos el lunes.
Y en segundo lugar porque pretenden amnistiar el terrorismo callejero.
Numerosas manifestaciones se convocaron sobre la medida, y las últimas movilizaciones de la extrema derecha frente a la sede del Partido Socialista en Madrid terminaron en enfrentamientos con la policía, unas imágenes de violencia poco frecuentes en España.
Organizaciones próximas al partido de extrema derecha Vox llamaron a una nueva protesta en la noche del jueves contra lo que califican como un “golpe de Estado”.
“Estamos ante un acuerdo vergonzante con el que Sánchez va a humillar a España”, al estar apoyado por un “prófugo de la justicia”, criticó por su parte la número dos del PP, Cuca Gamarra, en referencia a Carles Puigdemont.
Figura ascendente de la derecha, la presidenta de la región de Madrid, Isabel Diaz Ayuso, llegó a acusar al presidente del gobierno de estar implementando una “dictadura”.
Más allá de la oposición de la derecha y del sector conservador de la magistratura, que estima que esta amnistía es una grave amenaza al Estado de derecho, Sánchez enfrenta las críticas de algunos de los barones más moderados de su partido.
Además, en cuanto consiga ser investido nuevamente presidente del gobierno, deberá manejar una mayoría que se anuncia inestable.
Todo apunta a que el partido de Puigdemont y los nacionalistas vascos del PNV, muy cercanos al mundo empresarial, pueden tener dificultades para votar la reducción de la semana de trabajo a 37,5 horas, medida insignia del acuerdo de gobierno firmado entre los socialistas y su principal aliado, la plataforma de extrema izquierda de Sumar.
