Durante la presente jornada tendrá lugar en Antofagasta el encuentro mensual de la Asociación de Municipalidades de la Región de Antofagasta (AMRA), instancia en la cual los alcaldes de las distintas comunas definirán las acciones a seguir para postergar o “congelar” la implementación de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) en la región, y que considera en primera instancia interponer un recurso de protección y movilizaciones que involucraría a la comunidad educativa.
La AMRA, presidida por el alcalde de Mejillones, Marcelino Carvajal Ferreira, llevará a cabo la reunión de directorio (programada para la 11.30 horas y 13 horas) y la asamblea general ordinaria (programada para las 15 a 18 horas). Dentro de los temas que se tratarán en las actividades está la cuenta de gestión 2023, la elección del directorio 2023-2025 y la formalización de las comisiones temáticas. En el contexto de la reunión de directorio se abordará la posibilidad de imponer un recurso de protección contra la implementación del Sistema de Educación Pública (SEP), con el propósito que en la Región de Antofagasta no ocurra lo mismo que en la Región de Atacama.
Proyecto de Ley.
A principio de esta semana, los diputados de Renovación Nacional, José Miguel Castro, Andrés Celis, Carla Morales, Hugo Rey, Frank Sauerbaum, Miguel Ángel Becker, Miguel Mellado, Marcia Raphael y Paula Labra y Sofía Cid parlamentaria de Atacama como autora, presentaron un proyecto de ley que busca suspender la implementación de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), por los numerosos problemas que ha significado el sistema para la comunidad escolar.
Los parlamentarios argumentaron que “el paro de profesores en Atacama es sin duda un caso que permite evidenciar con claridad la magnitud de la crisis y el fracaso de la ‘desmunicipalización’ en los términos en que fue concebida. Las movilizaciones que ya van a cumplir 60 días, dejan a la vista problemas de infraestructura y de recursos que afectan el proceso educativo de los estudiantes e incluso ponen en riesgo la integridad de las comunidades educativas en Atacama. A ello se suman problemas en la administración del Servicio Local de Educación, con acusaciones de corrupción producto de millonarios traspasos sin justificación aparente”.
La iniciativa, que consta de un único artículo, establece la suspensión de la implementación de los Servicios Locales de Educación Pública que, hasta la fecha de la publicación de esta ley, no hayan entrado en funcionamiento. Asimismo, determina la suspensión de los plazos de las disposiciones transitorias relacionadas con el traspaso de los bienes destinados a la prestación del servicio educacional, del personal municipal y de los establecimientos de educación parvularia.
El proyecto también obliga a realizar un análisis exhaustivo de la implementación del Sistema de Educación Pública dentro de un plazo de 90 días tras la publicación de la ley en el Diario Oficial. El Presidente de la República deberá solicitar la realización de un informe que evalúe en su totalidad el proceso de creación e implementación de este sistema. Este informe deberá considerar la conveniencia de continuar con la implementación, suspender o continuar con las observaciones relevantes.
