La que será votada por los ciudadanos en próximo 17 de diciembre
Chile sigue embarcado en un proceso para redactar una nueva Constitución y enterrar la Carta Magna escrita durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). Durante los últimos meses los integrantes del Comité de Expertos y el Consejo Constitucional han trabajado para entregar una propuesta final, la que será sometida a un plebiscito de salida el próximo 17 de diciembre.
Este segundo intento constitucional, que comenzó luego que los chilenos rechazaran por un 62% el proyecto presentado por la extinta Convención Constitucional en 2022, ha avanzado en medio de la incertidumbre y con una desventaja en las encuestas, que de manera preliminar tienen a la opción en contra como la mayoritaria en las adhesiones. La falta de acuerdo al interior del órgano constituyente, que es dominado por el Partido Republicano, de la extrema derecha, también ha complicado un debate que parece generar poco interés en una ciudadanía que está preocupada de temas como la crisis económica y de seguridad en el país sudamericano.
A pesar del panorama adverso, los integrantes de los grupos redactores seguirán con su trabajo hasta los primeros días de noviembre, cuando deberán entregar un texto consolidado que será entregado a los chilenos, quienes acudirán a las urnas para tomar su decisión final: a favor o en contra de la propuesta.
Debates entre los expertos y los consejeros
La redacción de la propuesta de nueva Constitución ha estado a cargo de dos entidades que tienen distintas facultades. La primera es la Comisión Experta, que comenzó a funcionar al inicio del proceso constituyente, y que está compuesta por 24 profesionales —la mayoría son juristas— que fueron elegidos por los partidos políticos. El segundo grupo es el Consejo Constitucional, una asamblea de 50 personas que fue electa mediante una votación directa durante los comicios del pasado 7 de mayo.
Los expertos elaboraron un anteproyecto con una serie de acuerdos, los que fueron modificados durante su paso por el Consejo. El pasado 7 de octubre el texto volvió a las manos de la Comisión, que lo devolvió cinco días después con recomendaciones.
Las votaciones finales
A partir de la semana del 15 de octubre, el Consejo Constitucional comenzó la votación de todos los artículos que fueron observados por los expertos. Cada enmienda debía ser aprobada por tres quintos del órgano, es decir por 30 votos. Las recomendaciones podían rechazarse por dos tercios, equivalentes a 33 votos. Lo que fue rechazado se envió a una comisión mixta, compuesta tanto por expertos como por consejeros, que deberá votar todas las propuestas con el voto favorable de los tres quintos de su integrantes. Los artículos rechazados quedarán definitivamente fuera del documento final.
Posteriormente se volverá a analizar todo el documento ante el Consejo. El texto completo será votado de una sola vez.
Tras la votación de todos los artículos desde el Consejo Constitucional, se informará al presidente Gabriel Boric sobre el fin del proceso de redacción. La ceremonia oficial de entrega del documento al mandatario y a la ciudadanía debería ocurrir antes del 7 de noviembre, el plazo máximo estimado para el desarrollo del debate constituyente.
Campañas informativas
Una vez despachada la iniciativa constitucional, se iniciará una campaña informativa. Aquella labor —al igual que en el proceso anterior— estará en manos del Ministerio Secretaría General de Gobierno de Gabriel Boric, el que es liderado por la portavoz Camila Vallejo. Posteriormente vendrá la campaña electoral, la que será protagonizada por los partidos políticos y organizaciones sociales que se inclinen a favor o en contra del texto. Esta última fase será observada por el Servicio Electoral (Servel).
Plebiscito de salida
Las elecciones que sellarán el fin del proceso constituyente en curso fueron convocadas para el 17 de diciembre. En ellas entrarán en disputa la opción a favor, en donde se daría luz verde al proyecto; y la alternativa en contra, que rechaza el documento y mantiene la Carta Magna creada en 1980 y reformada más de 60 veces durante la transición democrática. La votación es obligatoria, por lo que todos los ciudadanos que aparecen habilitados para sufragar deben hacerlo, ya que la abstención es sancionada con multas e incluso presidio de no pagarse la multa. El voto en el exterior es voluntario.
