Una manifestiacón de trabajadores sanitarios en contra de los despidos por el fin de la alerta sanitaria, en Santiago (Chile), este lunes.
El pasado 31 de agosto, y tras tres años de vigencia, llegó a su fin la alerta sanitaria por la pandemia de la covid en Chile. La medida tomada por el Gobierno de izquierdas del presidente Gabriel Boric fue rechazada por la Confederación de los Trabajadores de la Salud Pública (Fenats), la organización que reúne al personal sanitario de los hospitales públicos estatales, debido a que implicará el despido de más de 6.000 personas que fueron contratadas a honorarios [sin un vínculo laboral directo] para reforzar al sistema en medio de los peores momentos de la crisis del coronavirus. El gremio ha iniciado un paro durante este lunes, en donde exige que el Ejecutivo revierta las desvinculaciones.
En febrero de 2020, cuando se detectaron los primeros casos de covid en territorio chileno, el Ministerio de Salud de la Administración de Sebastián Piñera (2018-2022) decidió imponer una alerta que establecía una serie de acciones para evitar el colapso de los hospitales y clínicas. Una de ellas fue la contratación de personal sanitario adicional, que se incorporó al trabajo especialmente en las unidades de cuidados intensivos, hasta donde llegaban los pacientes más graves. En los últimos años cerca de 32.000 funcionarios —muchos de ellos profesionales, técnicos y asistentes— se sumaron al trabajo realizado por los equipos contratados de planta.
La función de estos colaboradores, denominados como Honorarios Covid, se mantuvo por meses y años a pesar de que Chile había logrado controlar la circulación del coronavirus. La vigencia de la alerta sanitaria —que durante este invierno se amplió debido a la propagación de los virus respiratorios habituales como la influenza [gripe] y el sincicial— había extendido su presencia en los recintos de salud.
La Fenats alertó sobre el impacto que tendría la salida de los trabajadores a honorarios incorporados por la emergencia sanitaria. El gremio alegó que desde el Ejecutivo no dialogó para encontrar alternativas que permitan mantener o redestinar al personal adicional a otras funciones, considerando la larga lista que componen los pacientes del sistema público que esperan por diversos procedimientos como exámenes y cirugías.
Ante esto, los trabajadores decidieron iniciar una huelga, la que incorporó otras demandas adicionales ligadas a sus derechos laborales y al incentivo al retiro. El viernes pasado, y como una antesala a la movilización mayor de esta semana, los integrantes de la organización llegaron hasta el edificio en donde opera el Ministerio de Salud y se tomaron el tercer piso, en una acción que terminó sin incidentes violentos.
La ministra de Salud, la independiente Ximena Aguilera, ha expresado su preocupación con el paro debido a los trastornos que provocaría en la atención de los pacientes. Además, ha detallado algunas estrategias gubernamentales para llegar a un acuerdo con los sanitarios movilizados. “El sector se vio incrementado en muchos recursos humanos a raíz de la pandemia. Hay más de 55 mil cargos que se agregaron al sector. Nosotros teníamos recursos extraordinarios, que algunos de ellos eran honorarios. Esos cargos se han ido absorbiendo en distintas funciones. Sin embargo, todavía queda una cantidad de cargos a honorarios”, dijo la autoridad en una entrevista a radio Pauta.
La secretaria de Estado explica además que el presidente Boric anunció que “para el año que viene hay 6 mil nuevos cargos para absorber estos puestos honorarios en cargos reales y ya no en esta situación precaria, y este año tenemos una cantidad de recursos que teníamos para esta situación de los cargos honorarios, nosotros reasignamos fondos nuestros para mantener a aproximadamente la mitad y estamos justamente analizando la forma en ir absorbiendo los cargos vacantes, la mayor cantidad de gente posible. Son situaciones que están relacionadas con el fin de la emergencia, efectivamente como sector nosotros nunca pensamos que la gente sobra y hay que tratar de ir reubicándolos en una forma más normal de funcionamiento del sistema producto del fin de la emergencia”.
El Ejecutivo ha apostado por los recursos incluidos en la Ley de Presupuesto 2024, que fue ingresada durante la semana pasada al Congreso chileno, para reforzar el personal sanitario de los hospitales, incorporando a nuevos trabajadores tanto a honorarios como con un contrato directo.
