Una serie de declaraciones a la Brigada de Delitos Económicos de la PDI estarían vinculando a la diputada Catalina Pérez con el delito de tráfico de influencias en el caso Democracia Viva.
Esto queda en evidencia en un informe reservado de la PDI dentro de las indagatorias de la querella por el traspaso de $426 milllones del Minvu Antofagasta a la cuestionada ONG, vinculada a Revolución Democrática.
La policía interrogó a la abogada del Serviu de Antofagasta, Aleksandra Vrasalovic, también a Marietta Méndez, y a otros funcionarios de la repartición pública, donde apuntan a la discrecionalidad para asignar los fondos a las fundaciones, además del sesgo político de las transferencia.
Según sus declaraciones, la PDI concluye que existiría antecedentes para establecer el delito de tráfico de influencias entre el exseremi Carlos Contreras y Daniel Andradre, y posiblemente de la diputada Catalina Pérez, quien tenía relación directa con aludidos.
También, concuerdan en sus declaraciones, que una participación importante en este proceso de selección lo tuvo la concejala Paz Fuica, una de las personas de confianza del ex seremi. E igualmente, se refieren al modelo de contratación de funcionarios mediante el pago con cargo a las fundaciones, que fue cuestionado por la Contraloría.
La encargada técnica del programa de Asentamiento Precario en la región, Yasna Contreras, detalla que en mayo de 2022 participó de una reunión con el exseremi Contreras, y «en ese momento me manifestó que era necesario diversificar el programa a otras fundaciones, ya que consideraba que eran muy pocas, por lo que en ese momento estuve de acuerdo».
