Si el Tren de Aragua fuera un “ferrocarril”, su estación central estaría en Venezuela y recorrería “Colombia, Brasil, Perú, Ecuador, Bolivia, Chile, y posiblemente Estados Unidos”.
La periodista e investigadora venezolana Ronna Rísquez emplea esta alegoría para ilustrar el alcance de las actividades delictivas de este grupo en su libro “El Tren de Aragua. La banda que revolucionó el crimen organizado en América Latina”, publicado este año por Editorial Dahbar.
Como parte de su investigación, Rísquez se hizo pasar por familiar de un recluso para entrar en Tocorón, la cárcel donde surgió el grupo criminal y desde donde opera uno de sus principales líderes en Aragua, una provincia ubicada en el centro norte de Venezuela, a unos 60 kilómetros de Caracas.
Durante aquella arriesgada incursión, Rísquez fue recibida por hombres “famélicos”, “vestidos con camisas blancas de mangas largas, corbatas rojas y jeans azules o blancos”, una especie de comité de bienvenida más parecido al “protocolo de un teatro” que a la imagen de caos y pobreza que comúnmente se asocia a las cárceles venezolanas.
En su visita descubrió que Tocorón dispone de discoteca, piscina, parque infantil, casino, restaurantes con terrazas, bares, licorerías, cajeros automáticos e incluso un zoológico que exhibe jaguares, pumas y avestruces, privilegios financiados con el dinero obtenido por actividades criminales.
Los primeros extorsionados son los reos. Se estima que la cárcel de Tocorón, conocida por la población penitenciaria como la “Casa Grande”, alberga aproximadamente 5.000 reclusos. Aunque se desconoce cuántos de ellos pertenecen al Tren de Aragua, Rísquez calcula que la organización podría tener alrededor de 3.000 miembros.
Si cada recluso paga semanalmente una extorsión de US$15, como indicaron sus informantes en Tocorón, la banda puede ganar US$3,6 millones anualmente solo dentro de la prisión.
El Tren de Aragua fue fundado en 2014 por tres delincuentes que convivieron en Tocorón entre 2007 y 2013, el período en el que se consolidó en Venezuela el “pranato”, “una forma de gobernanza criminal en la que los presos ejercen control sobre un territorio (la prisión) y una comunidad (la población penal), con la anuencia o la complicidad del Estado”.
Según la investigación de Rísquez, el Tren de Aragua amplió sus fuentes de ingresos a través de un portafolio de al menos 20 delitos, que incluyen extorsión, secuestro, robo, estafa, minería ilegal del oro y contrabando de chatarra, así como homicidios y sicariatos, narcotráfico y lavado de dinero, trata de personas, tráfico de migrantes y la venta de armas a otros grupos criminales de la región.
En conversación con BBC Mundo, Rísquez explica cómo un grupo dedicado inicialmente a la extorsión de empresarios en Aragua, se extendió por buena parte de América Latina y es perseguido por las autoridades de Chile, Colombia y Perú, que denuncian la falta de colaboración del gobierno venezolano.
Se fueron a los extremos del país, hacia la frontera entre el estado Bolívar y Brasil, entre Táchira y Colombia, a las costas con Aruba, Curazao y Bonaire y a la frontera con Trinidad y Tobago. Se dedicaron a actividades como narcotráfico, tráfico de migrantes, minería ilegal y contrabando de mercancías, inclusive gasolina.
Cuando se dieron cuenta de que podían controlar el paso de mercancía hacia las islas del Caribe, empezaron a sacar droga, cobre, migrantes y mujeres para la explotación sexual. Primero salían a Trinidad, pero no tuvieron posibilidades de expandirse porque los limitaba el idioma y las mafias en esa isla.
En cambio, el grupo que se fue a la zona minera al sur de Venezuela no solo logró instalarse en el cuarto yacimiento de oro más importante del mundo (Las Claritas), sino que además consiguió una salida muy fácil hacia Brasil.
Entonces comenzaron a venderle armas al PCC (Primeiro Comando da Capital), que es el grupo criminal más importante de Brasil. En ese momento, 2017 o 2018, había muchas armas circulando en Venezuela y no se sabía de dónde provenían. En algunos casos se decía que de la propia Fuerza Armada, en otros que venían del exterior.
En todo caso, era muy fácil y barato conseguir armas en Venezuela, venderlas en Brasil era un negocio interesante para ambos. Un fusil AR-15 en Brasil costaba US$20.000, mientras que en Venezuela valía US$5.000.
Un informe de la Fiscalía del estado de Roraima (en Brasil, limítrofe con Venezuela) confirma que hay una alianza entre el PCC y el Tren de Aragua.
Después vimos detenciones de miembros de la organización en Colombia y Perú en 2018. Ya para esa fecha estaban en ciertas zonas de Bogotá y comenzaban a bajar por Ecuador hasta Chile.
A partir de 2019, empiezan a controlar las trochas (caminos irregulares) entre Venezuela y Colombia, aprovechando el cierre de la frontera y el paso masivo de venezolanos que estaban huyendo de la situación crítica del país. La banda descubrió que si controlaba esas rutas, dominaba el paso de migrantes, mercancía ilícita y drogas.
