Después de la ola de medidas de estímulo al consumo que anunció el ministro-candidato Sergio Massa, la pregunta que inevitablemente se instala en el mercado es: ¿y ahora quién paga esta cuenta? Y las primeras respuestas que se están escuchando resultan inquietantes, porque apuntan a una misma dirección: a una aceleración inflacionaria que «licúé» el gasto excesivo por la vía clásica: un incremento nominal en la recaudación impositiva que sólo puede venir de la mano de aumentos de precios.
«La campaña presidencial de Sergio Massa será la más cara de la historia: costará una hiperinflación», predijo Luciano Laspina, el asesor presidencial de Patricia Bullrich. Inmediatamente fue blanco de los críticos que, además de acusarlo de alarmista, le recordaron que cuatro años atrás también el entonces presidente Mauricio Macri había recurrido a un paquete de medidas -incluyendo la baja del IVA a alimentos- en un intento por revitalizar su campaña electoral.
Pero lo cierto es que el agravamiento de la inflación como efecto directo de las últimas medidas de Massa es un tema que empieza a generar consenso. Con la única excepción del Banco Central, que justificó el mantenimiento de las tasas de interés con el argumento de que había señales de moderación en la inflación, el resto del mercado cree que el IPC puede sostenerse en dos dígitos hasta fin de año.
Hay consultoras que ya hablan de un 14% para septiembre, una cifra que parece verse confirmada en las remarcaciones de precios que casi a diario envían los fabricantes de alimentos a los supermercadistas.
Un informe de la Fundación Mediterránea establece que la nueva «inflación núcleo» -que excluye a los precios regulados y a los de variación estacional- ya se instaló en la zona del 13,8% mensual y que si se anualiza el promedio de los últimos tres meses, el resultado da un 183%.
Más gasto y menos ingreso
Por su parte, los economistas que participan en la encuesta REM del Banco Central ya anticipan que en los próximos 12 meses la inflación superará el 200%. Y, lo peor de todo, hay cierto consenso respecto de que será la única forma posible de moderar el agujero fiscal dado que, al mismo tiempo en que está expandiendo el consumo a costa de recaudar menos impuestos, Massa quebró la disciplina fiscal que venía mostrando en el primer semestre.
Así, el gasto primario tuvo en agosto un crecimiento real interanual de 3,6%, según estimó la Oficina de Presupuesto del Congreso. Ya en julio, con una suba de 0,7%, se había quebrado la tendencia, que durante todo el año venía siendo de caída real del gasto -lo que le permitía a Massa argumentar frente al Fondo Monetario Internacional que, pese al revés de la sequía, el país estaba haciendo un esfuerzo de austeridad-.
Para emperorar las cosas, los impuestos que se están resignando no son de importancia apenas simbólica o marginal. Bien por el contrario, Ganancias representa un 22% de la recaudación total, mientras que el IVA que recauda la DGI -es decir, sin contar el de la Aduana- equivale actualmente al 19,2% de la caja de la AFIP.
Y, para agregarle un condimento más preocupante, se trata de los tributos que mejor venían performando en un mal año para el fisco. De hecho, el IVA venía llamando la atención de los analistas porque subía en términos reales, mientras el resto de los tributos crecía menos que la inflación. Por ejemplo, en agosto tuvo un crecimiento real de 20% y en julio lo había hecho al 18%.
El Gobierno argumentaba que era un síntoma de que la economía no estaba tan mal como señalaba la oposición y que había buena predisposición a consumir porque se estaba recuperando el empleo y el salario. Mientras que los economistas críticos creían que era el típico fenómeno defensivo conocido como «fuga al consumo», que lleva a la gente a sacarse los pesos de encima rápidamente para no sufrir la erosión inflacionaria.
Sea cual sea la explicación, lo cierto es que ahora, tanto el IVA como Ganancias harán un aporte menor, y que esto coincidirá con un momento de incremento real en el gasto público.
Pronósticos inquietantes
Es en este marco que uno de los deportes nacionales de los últimos días es calcular cuál será el costo de las medidas de campaña de Massa. ¿Tres billones de pesos, o más? Se hace difícil porque todos los días aparece una medida nueva dirigida a algún sector específico que implica un mayor gasto o una pérdida de recaudación.
Así, para el massismo todo se reduce a apenas 0,6% del PBI por lo que se deja de percibir por Ganancias y por el IVA, pero que volverá en parte a la caja de la AFIP por la vía de un mayor consumo, y que además se compensa por el impuesto PAIS que se aplica a las exportaciones. En definitiva, plantea un efecto neutro.
Pero en la vereda de enfrente las cosas se ven muy diferentes. La consultora LCG pronostica un costo de 0,9% del PBI, y además advierte que el Gobierno sobreestima la recaudación por el impuesto PAIS. La consultora Eco Go estima un 1,1%, cuando se suman todos los efectos, incluyendo las transferencias a las provincias.
El «ministeriable» Carlos Melconian ya se anima a hablar de un punto y medio del PBI como costo de las medidas.
Por otra parte, ya nadie discute que la meta comprometida con el FMI se incumplirá por lejos: mientras Massa sigue hablando sobre un déficit de 1,9%, las consultoras más optimistas prevén un 2,7% y otras ya están hablando de una cifra que empieza con 3%.
Daniel Artana, economista jefe de FIEL, destaca que para cumplir con la meta oficial el gasto debería caer un 11% real hasta fin de año. Es decir, algo en el sentido absolutamente inverso al que está imprimiendo Massa.
«El mayor déficit fiscal pondrá más presión a la emisión del BCRA para asistir al Tesoro», advierte Artana, quien observa que lo más probable es que haya una mayor liquidez que terminará presionando la brecha cambiaria.
No es lo que se dice el mejor escenario que recibirá el próximo gobierno para bajar el déficit al 0,9% en 2024, el objetivo firmado en el nuevo acuerdo con el Fondo y que el propio Massa ratificó en su ley de presupuesto.
¿La inflación es el único remedio?
Pero el costado más preocupante de la situación es que Massa se ve enfrentado al dilema sobre si priorizar menor inflación o más equilibrio fiscal. A primera vista puede parecer extraño, porque el consenso de los economistas es que es precisamente el desequilibrio fiscal lo que genera la inflación.
Pero en realidad es un clásico argentino: en momentos de inflación muy alta y donde además la economía está en fase recesiva, la forma de financiar el rojo fiscal es con la recaudación del «impuesto inflacionario». Al haber menos recaudación tributaria en términos genuinos, la inflación se transforma en el remedio que permite subir el ingreso de impuesto por la vía nominal. Traducido, haciendo que los precios suban más rápidos que el los ingresos -sobre todo el de jubilaciones y salarios estatales-, se logra un menor costo fiscal del gasto público.
De hecho, a fines del año pasado, cuando la inflación venía cayendo, había economistas como Jorge Vasconcelos, de la Mediterránea, que marcaban la paradoja de que si el IPC se moderaba demasiado, se pondría en riesgo el cuadro fiscal, por la inercia indexatoria del gasto público, que seguiría avanzando mientras la recaudación acompañaría a una inflación descendente.
Lo cierto es que si, en este momento, se produjera una caída fuerte de la inflación, a Massa se le generaría un problema para financiar su mayor nivel de gasto. Y eso marca la paradoja del momento: después de las medidas expansivas que tomó en el tramo final de su campaña, para el ministro-candidato la inflación es casi un remedio ineludible.
