La dictadura de Augusto Pinochet dejó en Chile 3200 asesinados y 1162 desaparecidos, incluidos niños, tras un golpe militar que recibió la condena internacional y de muchos en el país. Sin embargo, a punto de cumplirse 50 años del inicio de la dictadura, aún hay quienes la respaldan, con frases como “afortunadamente Augusto Pinochet hizo el golpe” y “mejoró la vida”.
Sergio Gómez Martínez, contador jubilado de 72 años, es quien dice que “afortunadamente” Pinochet dio el golpe contra el gobierno del socialista Salvador Allende (1970-1973), pero además defiende que “mejoró la vida económica del país, había orden, trabajo” y los campos e industrias empezaron a producir.
Su percepción la comparte el 36% de los chilenos que opina que los militares “tenían razón” para encabezar el levantamiento, según encuestas recientes a la población. Hace 10 años, esa cifra era la mitad: un 18% lo justificaba.
El 11 de septiembre de 1973, Pinochet encabezó un golpe de Estado contra el gobierno de Salvador Allende -que se suicidó el mismo día del levantamiento-, e instauró una dictadura que duró 17 años.
Siguen siendo mayoría los que califican a Pinochet de dictador (64%); en contraste, van en aumento quienes defienden que su régimen militar fue “en parte bueno y en parte malo”.
Pese a ese giro hacia la benevolencia, las conclusiones sobre las atrocidades cometidas se han mantenido invariables respecto al informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación de 1991.
La comisión concluyó que se cometieron crímenes de lesa humanidad y se violaron derechos humanos. Agentes del Estado mataron a 3200 personas señaladas por su tendencia política de izquierda y 1162 que fueron detenidas aún constan como desaparecidas.
Ya en 1978, la ONU mostraba su “indignación” e instaba a Chile a cesar las “violaciones de derechos humanos”, entre ellas, desapariciones “por motivos políticos” y torturas, según una resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas de ese año.
Se exiliaron 200.000 ciudadanos fuera de Chile y 28.000 opositores fueron torturados. Según el Ministerio de Justicia, durante la dictadura hubo 40.179 víctimas entre asesinados, desaparecidos, presos políticos y torturados, tal como establecieron dos comisiones de la verdad.
Aun así, un 39% de chilenos piensa que Pinochet (1973-1990) modernizó el país y un 20% lo ve como el mejor gobernante del país del siglo XX, según el sondeo “Chile bajo la sombra de Pinochet”, de mayo, de la organización Mori, que consultó a 1000 jóvenes, adultos y mayores. La de Mori es una de las encuestas independientes y respetadas en Chile.
“Antes no había tanta maldad como ahora… Antes no se veían tantos robos”, subraya Ana María Román Vera, 62 años, vendedora en una populosa barriada de Santiago. También cree que “mejoró” la vida en esa época.
En cambio, la memoria de Efrén Cortés Tapia, un pintor de 60 años que vive en Pudahuel, también en la capital, cristalizó con otra perspectiva. “La dictadura significó represión, fractura [de la democracia], una limitación en el desarrollo cultural, educacional… Miedo y temor”, recuerda.
Él conoció a una mujer que quedó tan traumatizada tras ser torturada que se suicidó en el exilio, en Suecia. El capitalino es parte de esa otra porción de la sociedad chilena que no concilia con lo ocurrido.
Hoy, para un 42% de ciudadanos la insurrección fracturó la democracia. Pero hace una década las cifras eran muy diferentes: quienes condenaban el golpe llegaban a un 62%. Esa percepción de aceptación ha ido avanzando sin que se haya castigado a todos los responsables ni esclarecido toda la verdad.
Fue recién la semana pasada cuando el gobierno del presidente Gabriel Boric lanzó el primer programa oficial para encontrar a las más de 1000 víctimas que siguen desaparecidas. El mandatario de izquierdas ha insistido a Estados Unidos que haga públicos documentos que revelen el rol que jugó Washington en el golpe.
A finales de agosto, la CIA desclasificó una parte de los boletines oficiales del presidente relacionados con Chile desde el 8 de septiembre de 1973 -tres días antes del golpe- que confirman que el entonces mandatario Richard Nixon fue informado de la posibilidad de que se diera un levantamiento.
Se estima, además, que hay 1300 procesos criminales activos por violaciones de derechos humanos, según cifras de junio del ministro de Justicia, Luis Cordero. Y 150 condenados están cumpliendo sentencia en Punta Peuco, un penal exclusivo para ellos.
El propio Pinochet murió en 2006 sin condena ni enfrentar a la justicia chilena. Aunque estuvo detenido 17 meses en Londres por orden del juez español Baltasar Garzón -que aplicó el principio de justicia universal para poder procesarlo- los trámites aguaron su extradición a España para que fuera juzgado y terminó volviendo a Chile por salud.
La Justicia chilena le abrió después una causa penal por encubrir 75 secuestros, homicidios y torturas que terminó cerrando temporalmente en julio de 2001. Recibió arresto domiciliario pero no llegó a ser condenado. Murió y con su desaparición se sobreseyeron todos los procesos, según establece la ley chilena. Su funeral se celebró sin honores de Estado.
Es, precisamente, la figura de Pinochet uno de los trasfondos que suavizó la percepción en esa parte de la sociedad que hoy sigue defendiendo la dictadura.
“La transición validó a Pinochet”, reflexiona Marta Lagos, directora de la encuestadora regional Latinobarómetro y fundadora de Mori Chile. Pinochet dejó el poder en marzo de 1990 y, de inmediato, se convirtió en comandante en jefe del Ejército hasta 1998, lo que estiró en el tiempo el miedo a enfrentar las atrocidades vividas.
