La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) ha desplegado un contingente de 500 agentes en una serie de procedimientos simultáneos que abarcan casi 200 establecimientos ubicados en 22 provincias del país. Este despliegue se enfoca en la fiscalización de ingenios azucareros y mayoristas de alimentos y bebidas, con el objetivo principal de relevar listas de precios y valores de compraventa de la mercadería. Esta medida cobra relevancia en un contexto de elevada volatilidad de precios, especialmente crítica en el segmento de alimentos y bebidas.
En julio, de acuerdo a los datos de inflación proporcionados por el INDEC, este ítem registró un aumento de casi el 6.3%, acumulando un incremento de más del 50% en lo que va del año. Más allá de la implícita vigilancia sobre los precios, también se realiza un estricto control sobre la facturación y la documentación respaldatoria, con el fin de verificar el cumplimiento de la registración de las operaciones.
Bajo la dirección de Carlos Castagneto, la Dirección General Impositiva (DGI) ha orquestado esta serie de procedimientos simultáneos que involucran a 532 inspectores y que se llevan a cabo en diversas zonas, incluyendo el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y 21 provincias adicionales. Esta medida busca abordar áreas geográficas extensas y variadas, como Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán.
En el caso específico de los ingenios azucareros, los procedimientos de la DGI incluyen también el control del ingreso y egreso de camiones, junto con la revisión exhaustiva de la documentación respaldatoria relacionada con la carga transportada. Estas acciones se suman a las labores de investigación y verificación que llevará a cabo la AFIP durante la semana próxima. A partir de las posibles inconsistencias que surjan de estos operativos, la entidad estará en condiciones de profundizar en la fiscalización a través de herramientas como el punto fijo, que implica un control presencial de la facturación de un establecimiento durante un número determinado de días consecutivos. Esta medida se aplicará especialmente a aquellos establecimientos que se presumen han incurrido en irregularidades fiscales.
De esta forma, la AFIP ha puesto en marcha una estrategia de fiscalización a gran escala, involucrando a 500 agentes en casi 200 establecimientos, con un enfoque particular en los ingenios azucareros y mayoristas de alimentos y bebidas. El objetivo central es examinar las listas de precios y los valores de compraventa, así como verificar la documentación respaldatoria y la facturación. Esta medida busca abordar la volatilidad de precios en el contexto actual y garantizar el cumplimiento de las obligaciones fiscales.
