Más de la mitad de los chicos de la Argentina (55,7%) vive en la pobreza. Y en el conurbano bonaerense esa condición afecta a cerca de dos tercios de los menores de 18 años: al 63,8%. Esos datos –consignados en un informe de la consultora ExQuanti y elaborados a partir de los resultados de la Encuesta Permanente de Hogares del Indec– corresponden, en rigor, al primer trimestre del año. El ritmo creciente de la suba de precios y la caída de la actividad económica llevan a estimar que hoy la realidad es más grave, y que el drama personal, familiar y social que se esconde detrás de los números será peor en los próximos meses.
En ese contexto, las transferencias de dinero que hace el Estado a las familias con chicos muestran caídas significativas en términos reales. Aun cuando los montos pagados se reajustan periódicamente, en la práctica alcanzan para comprar cada vez menos cosas, porque las subas son inferiores a la inflación. Corregidos los números por inflación, en el último año el gasto en infancia tuvo una caída más pronunciada que la que tuvo la erogación primaria total del Estado, según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).
En las asignaciones por hijo, tanto la dirigida a los desocupados e informales (la AUH), como la que abarca a un grupo de asalariados registrados y monotributistas, la menor inversión estatal en términos reales se evidencia tanto en el conjunto del gasto como en lo que llega a cada hogar. Los importes de julio último sirvieron para comprar –según el caso y según se detalla más adelante en esta nota– un 11,4% o un 35,8% menos de lo que podía adquirirse con las prestaciones del séptimo mes de 2022. Eso, si la comparación se hace contra el índice general de inflación; si se toma el valor de la canasta de pobreza y su variación, se observa que la caída del poder de compra de los montos, en el año con Sergio Massa como ministro de Economía, llega a 16,3% o a 39,3%, según la prestación.
También está retrasado el monto que, por hijo, puede descontarse del ingreso sujeto al impuesto a las ganancias: la deducción por menores de 18 años es la tercera pata del esquema de transferencias por la población infantil y adolescente.
Las causas de la reducción del valor de las prestaciones son la inflación y algunas políticas, como la disposición del pago de refuerzos que luego se quitaron. Además, por la baja frecuencia de actualización del ingreso familiar tope para acceder a las asignaciones en el mercado laboral formal, hubo períodos en el último año en los que en muchos hogares se dejó de cobrar asignación por hijo.
Más allá de sus problemas coyunturales y estructurales, las políticas de transferencias del Estado para la infancia son “una inversión estratégica”, tal como se las define en un informe del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec). Lo es, tanto por sus efectos inmediatos y de mediano plazo, como por su impacto en la sociedad del futuro.
La dinámica demográfica, señala el documento, que muestra una reducción de la fecundidad y un aumento de la longevidad, define el proceso de envejecimiento poblacional. Y, en su tiempo de “bono demográfico” –el período previo a que crezca significativamente la participación en la población de los adultos mayores económicamente dependientes–, los países deberían hacer inversiones tendientes a una mejora sostenida de la productividad, según advierten con frecuencia economistas especializados en la materia, como José María Fanelli. “Para sostener el estado de bienestar en el mediano plazo se requieren inversiones presentes, que garanticen los derechos de niños/as y que den lugar a un aumento de la productividad de los/as trabajadores/as del futuro”, afirma, en coincidencia, el informe del Cippec.
Según ese estudio, el valor promedio de la canasta de pobreza estimado para un niño, niña o adolescente fue de $22.937 en junio; con el encarecimiento que hubo en julio, según dio a conocer el Indec, ese valor subió a $24.568. La AUH es entre junio y agosto de $13.864 mensuales y, en el caso de menores de hasta 14 años se suma la prestación del Plan Alimentar (de $17.000 si se tiene un hijo). Las asignaciones para los trabajadores formales, en tanto, son de montos de entre $2915 y $13.864.
Para determinar el valor de la canasta por cada menor, se partió del definido por el Indec para un adulto varón (en junio fue de $33.731 y en julio, de $36.130) y se tomó un promedio de las equivalencias determinadas por el organismo en la franja de 0 a 17 años (por ejemplo, para una niña o un niño de un año el valor de la canasta es el 37% del definido para el adulto, y para un varón de 17 años es el 104%). Ese promedio resultó del 68%; de allí, los $22.937 y los $24.568.
En los doce meses previos al actual, el incremento de los precios de la Canasta Básica Total del Indec, usada para estimar la pobreza, fue de 125,7%, lejos del porcentaje de subas de las transferencias a hogares que, se analizan a continuación.
Asignación Universal por Hijo
Llega a alrededor de 4,28 millones de chicos, según el dato más reciente publicado por la Secretaría de Seguridad Social, de marzo de este año. Se trata de la prestación por los hijos menores de 18 años de trabajadores desocupados, informales, de servicio doméstico y monotributistas sociales. Que el número de beneficiarios sea similar al de los que están bajo el sistema de asignaciones de la economía formal es un dato que habla de la situación social y laboral del país. Según los datos de ExQuanti, la pobreza infantil pasó de 48,1% a 55,7% entre los primeros trimestres de 2022 y de 2023, en tanto que un informe del Instituto Di Tella (también basado en los resultados de la EPH) indica que la tasa de informalidad en el conjunto de asalariados y cuentapropistas supera el 50%.
Por cada hijo menor de 18 años se cobra entre junio y agosto $13.864 por mes. En septiembre el monto subirá un 23,29% y será de $17.093, ya que se actualiza siguiendo el índice de movilidad previsional. En rigor, cada mes se percibe el 80% de la prestación ($11.091 según el valor actual), mientras que el 20% ($2773) es abonado una vez al año, contra la presentación de la certificación de escolaridad y atención de la salud.
Cuando se trata de chicos de hasta 14 años se suma la prestación Alimentar, de $17.000 para las familias con un hijo; de $26.000 si hay dos hijos, y de $34.000 si hay tres o más hijos. Es un beneficio que se amplió en 2020, ya que en un inicio cubría a menores de hasta 6 años.
Tanto los montos de la AUH como los del plan Alimentar por un hijo tuvieron una suba interanual, a julio, de 89%, mientras que la inflación general fue de 113,4%. La prestación sufrió así un deterioro de 11,4% en términos reales, aunque si la comparación se hace con el índice de la canasta de pobreza, la caída es de 16,1%.
