El Gobierno del presidente de izquierdas Gabriel Boric ha dado a conocer su primera política nacional de migraciones. Se trata del resultado de un proceso iniciado en 2021, cuando se promulgó la Ley de Migración y Extranjería, que estableció la necesidad de contar con un lineamiento desde el Estado para promover un proceso migratorio ordenado y seguro que fomente la integración armónica de los habitantes de Chile.
La iniciativa busca ordenar lo que hasta ahora ha sido un proceso caótico y no exento de conflictos, pues el país vive una crisis migratoria que llevó al Ejecutivo a militarizar las fronteras del norte del país en febrero de 2023. Esta nueva política, cuya implementación está pensada en cuatro años, se enfoca en el control de fronteras y en el fortalecimiento de la gestión interna del Servicio Nacional de Migraciones (SNM), la entidad gubernamental a cargo de regular la entrada de extranjeros al país. Considera 28 medidas de aplicación inmediata y una serie de proyectos de ley que serían ingresados al Parlamento esta semana.
Uno de los puntos más controvertidos es que, a diferencia de los procesos aplicados en Gobiernos anteriores, en esta oportunidad la Administración de Boric optó por no entregar un “perdonazo” a los migrantes ilegales, es decir, está descartada una regularización masiva, lo que sí ocurrió en 2018 y 2021 en el Gobierno del presidente de derecha tradicional Sebastián Piñera (2018-2022). En es entonces, cerca de 300.000 personas se acogieron a los programas para normalizar su situación migratoria. El proceso de entrega de permisos de residencia será ahora caso a caso, estará sujeto a condiciones y quienes no cumplan con los requisitos mínimos serán expulsados del país.
En los últimos años el fenómeno migratorio ha tenido un impacto de proporciones en el país sudamericano. Entre 2017 y 2021, según un documento del Servicio Jesuita Migrante -una fundación que trabaja por la inclusión- el número de extranjeros residentes en Chile se duplicó. Hoy, según los registros de la Policía de Investigaciones (PDI), viven alrededor de 1,5 millones de migrantes, además de unos 150.000 que han ingresado por pasos no habilitados y que hoy se encuentran de manera ilegal.
La nueva política nacional ya comenzó a aplicarse. El proceso se inició con el empadronamiento de los extranjeros residentes que se encuentren en situación de ilegalidad. Según el Servicio Nacional de Migraciones, hasta la fecha 190.000 personas han optado por registrarse a través de la plataforma digital que dispuso, la que estará disponible hasta el 6 de octubre. Luego, deberán acudir en forma presencial a las oficinas del servicio donde se les realizará un registro biométrico. Según ha explicado el Gobierno, este mecanismo no implica que todas las personas empadronadas obtendrán la residencia, sino que es una forma de registrar a aquellos que ingresaron a Chile y que permanecen de manera ilegal, para luego evaluar caso a caso quiénes podrán optar a normalizar su situación.
