El monitoreo se realizó el año pasado en cárceles, comisarías, alcaidías, centros de detención de jóvenes en conflicto con la ley penal, y el hospital de salud mental.
El Comité Nacional de Prevención de la Tortura (CNPT) publicó el informe sobre la inspección que realizó a los lugares de privación de libertad en la provincia de Salta, entre el 26 y el 30 de septiembre del año pasado. El organismo encontró múltiples situaciones violatorias de los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad, recomendó medidas a los poderes estatales para modificar esa situación e informó que oportunamente realizará una visita de seguimiento para comprobar el avance efectivo de las recomendaciones realizadas.
El Comité relevó 53 casos de malos tratos y torturas que fueron incluidos en el Registro Nacional de Tortura. Por otro lado, destacó la conformación del Comité contra la Tortura local y solicitó al gobierno provincial la ampliación de su presupuesto.
Cuando se realizó la inspección había 4.640 personas alojadas en establecimientos de privación de libertad en la provincia: 747 en comisarías, 1081 en alcaidías y 2812 en unidades penales. Uno de los principales problemas que detectó el organismo nacional fue el hacinamiento. También calificó como grave el alojamiento en comisarías y alcaidías.
En las unidades penales halló circunstancias similares, y prácticas de aislamiento excesivo. El Comité recomendó eliminar las celdas de aislamiento por ser violatoria de los derechos humanos y aumentar el riesgo de hechos de tortura, suicidios y autolesiones.
El Comité destacó que se incumple un fallo de la Corte de Justicia que aprueba el uso de celulares en Alcaidías y Unidades Carcelarias, decisión que este tribunal tomó en el marco de un habeas corpus correctivo colectivo interpuesto por Mario Alberto Juliano, de la Asociación de Pensamiento Penal. El organismo nacional recomendó aplicarlo y que haya cámaras de videovigilancia en los lugares de encierro como una forma de prevenir la tortura.
El CNPT también cuestionó que los cupos en los lugares de privación de libertad se determinan «por medio de resoluciones administrativas en base a cantidad de camas (y/o colchones)» y no de acuerdo con sus estándares.
Comisarías en peligro de derrumbe
En las comisarías la superpoblación es del 42,55%. El 92% de la población se encuentra procesada y suele permanecer allí por plazos que pueden prolongarse entre una semana y dos años.
En lo que refiere al diseño, mantenimiento e higiene de estos espacios, el CNPT señaló que las autoridades de las Comisarías 45 y 42 de Tartagal remitieron informes a la Dirección de la Unidad Regional N° 4 alertando sobre la alarmante situación que atraviesan, sin recibir respuesta alguna.
Las autoridades de la Comisaría 42 comunicaron que los principales problemas se vinculan a la falta de mantenimiento edilicio. También señalaron que, por la escasez de agua, los residuos generados a diario por la población detenida, la falta de instalaciones sanitarias, la poca ventilación y el deterioro de las paredes, las celdas se convirtieron en lugares propicios para la proliferación de insectos (cucarachas y alacranes), pese a las reiteradas fumigaciones.
«La Comisaría 42° concluye que no reúnen los requerimientos mínimos para establecimientos transitorios y/o permanentes, y alerta que existe alto riesgo de derrumbe, amotinamiento, fuga, incendios y contagio de enfermedades. En tanto la Comisaría 45° tampoco cuenta con las condiciones necesarias», sostuvo el Comité. Sobre esta última comisaría señaló que no contaban con espacio para la circulación interna debido a que los colchones se encontraban tirados en el suelo. En la inspección vieron residuos acumulados y un baño con pérdida constante de agua. Mientras que las personas alojadas en una “galería” dormían en colchones sobre el piso y al no contar con baño debían utilizar el de uso común de la comisaría, que tenía acceso restrictivo y sujeto al criterio del personal policial de turno.
El CNPT pudo constató que la revisión médica al momento del ingreso a las comisarías, se realizaba «de manera superficial». Observó que los y las profesionales de la medicina «dependen de la Policía de la Provincia, con las implicancias que ello conlleva en materia de independencia funcional y posibilidad de exponer reclamos y denuncias sobre irregularidades al momento de la detención».
«En cuanto al régimen de encierro, en las comisarías las personas sólo pueden acceder al patio dos días a la semana por un tiempo de 10 o 15 minutos diarios, el resto del tiempo permanecen aisladas en sus celdas, situación que agudiza las condiciones de detención frente a las condiciones generales de habitación en las que se encuentra la población detenida», advirtió el CNPT.
