Haciendo un análisis de las críticas que se hacen al Derecho a la paz social y la convivencia democrática pacífica contenido en la nueva carta fundamental, Fernández Blanco aclaró que el Derecho a reunión y manifestación tiene plena vigencia en la Provincia y enfatizó que no es cierto que no se podrán realizar protestas.
El artículo 32 que consagraba el derecho a manifestar en la Constitución anteriormente vigente se mantuvo tal cual en la nueva carta magna y “esto quiere decir –explicó- que la reunión y manifestación quedan aseguradas a todos los habitantes de la Provincia y sin permiso previo, cuando fueren pacíficas y sin armas. Establece también que en ningún caso, una reunión o manifestación de personas podrá atribuirse la representación ni los derechos del pueblo, ni peticionar en su nombre y que es nula cualquier disposición adoptada por las autoridades a requisición de fuerza armada o reunión sediciosa”.
En tanto, señaló que el artículo 67 sobre el Derecho a la paz social y la convivencia democrática pacífica expresa que “todas las personas tienen derecho a vivir en una sociedad basada en la paz social, la tolerancia mutua y la convivencia democrática pacífica, libre de violencia e intimidación y que el Estado fomentará la prevención de conflictos, promoviendo el diálogo y la solución pacífica de las controversias de las personas entre sí, y entre estas y las autoridades municipales y provinciales. También establece que el Estado debe asegurar, como base fundamental de la convivencia democrática pacífica, que las personas ejerzan sus derechos sin avasallar los derechos de las otras; que una ley establecerá los mecanismos para proteger el derecho a la paz social y a la convivencia democrática pacífica y que ella deberá contemplar como mínimo que el ejercicio regular de los derechos no podrá hacerse de manera violenta, o que impida u obstaculice el de otros derechos y la prohibición de cortes de calles y cortes de rutas, así como toda otra perturbación al derecho a la libre circulación de las personas y la ocupación indebida de edificios públicos en la Provincia”, precisó la convencional.
Resaltó además que otro de los aspectos que debe tener en cuenta la ley reglamentaria es que “se deben respetar estándares internacionales de derechos humanos, evitando toda forma de criminalización o estigmatización de quienes ejerzan el derecho a la manifestación, la que se considera vital para la construcción de una sociedad más democrática, justa y equitativa”.
Asimismo, la cláusula constitucional ordena al Estado “afianzar la educación y la cultura de la paz como valores fundamentales para el desarrollo de una sociedad justa, democrática y equitativa, y se reconoce el derecho de toda persona a ser informada, a participar y a expresarse libremente en asuntos relacionados con la paz social y la convivencia democrática pacífica”, resaltó Fernández Blanco.
“Estas disposiciones de la nueva constitución –subrayó- tienen que ver con el pasado reciente de Jujuy, donde un Estado paralelo impedía a los habitantes de la provincia el uso y goce de los espacios públicos, así como la posibilidad de ejercer sus derechos”, en un “negro período que se pudo superar con muchos esfuerzos conquistando la paz social, que es un logro histórico de todos los jujeños y que por ende debía estar plasmado en nuestra ley fundamental”.
En consecuencia, añadió la convencional, “se puede protestar como se hizo desde 2015 hasta la fecha, sin que se le impida a nadie hacerlo” y dio como ejemplo no solo las manifestaciones convocadas por sindicatos y organizaciones sociales sino también las numerosas que se realizaron pidiendo justicia por las víctimas de femicidio.
Fernández Blanco explicó que los jueces contravencionales que fueron invitados por la Convención Constituyente a opinar sobre este tema, “explicaron que siempre se lograron limitar los excesos de las protestas y que ha sido mínima la cantidad de veces que tuvieron que intervenir. En estos años, la mayoría de los jujeños hemos aprendido que no se puede protestar con violencia porque eso no es un derecho sino un delito”, destacó.
