En diciembre de 2019, días antes de que Alberto Fernández, asumiera el poder, la Unidad de Información Financiera (UIF) del gobierno saliente de Cambiemos presentó ante la Justicia un escrito donde sintetiza los 75 indicios y evidencias que, a su juicio, prueban que Lázaro Báez era el testaferro de los Kirchner y que manejaba su dinero.
A pesar de estos indicios, que están en la causa judicial de la Ruta del Dinero K y que fueron presentados por la UIF como querellantes en el caso, el fiscal Guillermo Marijuan entendió que no había pruebas y promovió esta semana el sobreseimiento de Cristina Kirchner en esa causa por lavado de dinero.
Lázaro Báez ya fue condenado a 10 años de cárcel en ese expediente pero desde hace 10 años se investiga si los Kirchner están detrás de la plata que blanqueó el empresario. Marijuan dijo que no pudo probarlo y pidió sobreseer a la vicepresidenta.
La oposición, a través de Elisa Carrió, dijo que cree que lo hizo por su cercanía con Sergio Massa, que necesita el aval de Cristina Kirchner para su candidatura presidencial. Marijuán lo negó y dijo que hace meses que no habla con Massa y que no es su íntimo amigo.
Este informe de la UIF, que se mantuvo en reserva, es anterior a la condena contra Cristina Kirchner en el caso de Vialidad a 6 años de prisión y al fallo de la Cámara de Casación que confirmó la condena por lavado de dinero contra Báez. Los jueces Mariano Borinsky y Angela Ledesma entendieron que el delito precedentes de donde provenía el dinero lavado por Báez era la evasión fiscal y no la obra pública corrupta con la que lo benefició el kirchnerismo. De ese argumento se vale Marijuan para despegar a Cristina Kirchner de esa plata.
Sin embargo, las evidencias que recoge el escrito de la UIF de la época de Cambiemos no variaron estos años para sostener la implicación de la vicepresidenta e incluso algunos de ellos aparecen en la evidencia que sustenta su condena en la causa de Vialidad.
“La familia presidencial Kirchner utilizó a Lázaro Báez como testaferro de sus negocios criminales”, señala en la página 3 el escrito de la UIF, que lleva la firma de Mariano Federici, en ese momento titular del organismo.
El escrito de 60 páginas concluyó que “las evidencias lógicas que a esta altura, devienen irrefutables-, demuestran a las claras que Lázaro Antonio Báez no era un empresario contratista más, sino que, por sus características, su rol encuadra en lo que se denomina “hombre de paja” o más burdamente “testaferro”.
Entre sus conclusiones, enumera el crecimiento de Báez como empresario relacionado con los Kirchner, sus antecedentes que no guardan relación con el empresario millonario que acumuló bienes inmuebles, rodados, aeronaves, bienes suntuarios y dinero en cuentas del exterior. Indicaron que paso a tener propiedades cuyo precio de venta comparado con el de compra por parte de los Kirchner era “antieconómico” para el empresario.
Indicó que las operaciones entre ambos eran “carentes de lógica económica comercial” y que el conglomerado del empresario “le transferían fondos a la familia Kirchner por pago de alquileres por sus inmuebles y hoteles, otorgándoles un flujo corriente de fondos”.
En cambio cuando los Kirchner necesitaban dinero para inversiones, no disponían del suyo, sino que Báez les “compraba” inmuebles y efectuaba préstamos, “que fueron repagados con los ingresos que él mismo generaba a la ex familia presidencial”.
Ante “gastos extraordinarios o imprevistos”, como la construcción del mausoleo donde están los restos de Néstor Kirchner, fue Báez quien se hizo cargo, dice el escrito.
“Surgen indicios de una confusión patrimonial entre los patrimonios de los Kirchner y los de Báez”, dijo la UIF. Y puso como ejemplo los diez departamentos ubicados en la calle Bartolomé Mitre 535 de Río Gallegos que se construyeron utilizando la figura de un fideicomiso en el que se estipulaba que, una vez finalizada, Austral Construcciones y Néstor Kirchner dividirían en partes iguales los inmuebles, pero finalmente, en la declaración jurada de bienes presentada por el ex presidente se presentan como dueño del complejo.
La preferencia por Báez para recibir obra pública es otro indicio, al igual que la prioridad para recibir antes el pago de certificados de obra, beneficios que luego se probaron en el juicio donde fue condenada Cristina Kirchner en la causa Vialidad.
El efecto de los cuadernos
Otro indicio mencionado es que en el caso de los cuadernos de las coimas, a pesar de ser uno de los principales empresarios de la obra pública, no aparece pagando ningún soborno para mantener los contratos, como no ocurrió con los otros hombres de negocios dedicados a la obra pública, que admitieron haberlo hecho.
Una evidencia más de su particular estatus es que cuando se descubrieron sus maniobras “se puso en marcha un fenomenal encubrimiento, en el que formaron parte distintas áreas del Estado Nacional: AFIP, UIF, BCRA, Procuración del Tesoro, Ministerio Público Fiscal, entre otras”.
Entre los 75 indicios y hechos que menciona la UIF están que “Báez empresario no fue otra cosa que la creación del matrimonio Kirchner, que por los cargos que ocuparon sucesivamente no podían acaparar aquel dinero a su nombre, ni ganar aquellas adjudicaciones con empresas de su propiedad, sino que necesitaban un empresario de confianza que oficiara de prestanombres”.
El origen del dinero lavado, para la UIF, era “la irregular asignación de obra pública a la empresa Austral Construcciones”, sin perjuicio de “las maniobras impositivas ilícitas que también llevó adelante, y que, consecuentemente, significó otro flujo de dinero ilícito”.
“El incremento patrimonial del exmatrimonio presidencial encuentra como contrapartida operaciones llevadas a cabo con el entorno del nombrado Lázaro Báez”, señala la UIF al vincular las declaraciones juradas de los Kirchner con las maniobras de lavado.
“Báez le habría “prestado” a Néstor Kirchner 2,4 millones de dólares utilizados para la adquisición de un complejo hotelero”, dijo la UIF. Y “el mismo año en que le habría prestado 2,4 millones de dólares para la adquisición de un complejo hotelero, también le habría adquirido inmuebles de su propiedad, por más de 700.000 dólares”. “Hay una clara confusión patrimonial entre los Kirchner y Báez”, sostiene la UIF.
