Corría el año 1992 cuando el censo a cargo del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) daba cuenta que, de los 13,3 millones de habitantes en el país, un 0,8% correspondía a población migrante. Casi tres décadas después, dicha proporción se multiplicaría por siete hasta llegar a un estimado de 7,5% -alcanzando un total de 1.482.390 residentes no nacionales- a diciembre de 2021.
De acuerdo con la información de la Encuesta Nacional de Migración 2022, elaborada por el Banco Mundial y el Servicio Nacional de Migraciones (Sermig), la cifra representó un alza de 1,5% respecto a 2020; de 2,3% al comparar con 2019 y de 14,1% en relación a 2018.
Todo esto, sin contabilizar a la población irregular. Entre los principales resultados, se constató que la inmigración que llega al país es básicamente por motivos laborales. De ahí que el 78% de los trabajadores migrantes se encontrara empleado como asalariado en ese entonces -porcentaje que se distribuía en un 81% para los hombres y 75% para las mujeres-.
Es frente a esta situación que diversas voces han planteado la urgencia de cimentar el terreno para avanzar en un escenario que facilite la incorporación de mano de obra extranjera a las distintas empresas del país.
Algo que la normativa laboral impide.
Actualmente, el artículo 19 del Código del Trabajo establece que todo empleador que cuente con más de 25 trabajadores, deberá tener al menos un 85% de su nómina de nacionalidad chilena. En otras palabras: existe un tope de 15% para la contratación de migrantes en una compañía determinada. Sin embargo, existen quienes piensan que esta norma es anacrónica y que requiere con urgencia ser modificada, pues restringe la contratación e incrementa la informalidad laboral. Cabe mencionar que, según los últimos registros del INE, la tasa de desocupación extranjera en el país se ubicó en 7,3% durante el primer trimestre de 2023. El dato significó un aumento de 1,9 puntos porcentuales en doce meses, debido a que la fuerza de trabajo creció (1,1%) y la población ocupada se redujo (-0,9%).
Por otro lado, la tasa de ocupación informal de la población extranjera se situó en 30,9%, lo que implicó un alza interanual de 4,8 puntos porcentuales. ¿Se justifica dicho tope? Sobre esto, Juan Bravo, director del Observatorio Económico de la Universidad Diego Portales (OCEC-UDP), comentó a Emol que «es necesario modificar el artículo 19 del Código del Trabajo, que impone que a lo más el 15% de trabajadores bajo un mismo empleador pueden ser de origen extranjero. Esta cuota atenta contra la eficiencia y obstaculiza la contratación formal».
