Lejos de esos polvorientos campamentos, una batalla política sin cuartel se libra en Washington y en los Capitolios estatales de la frontera en uno de los temas que definirán la campaña presidencial de 2024. También se trata de asunto de muy difícil resolución que atizan temerariamente los halcones del ala más dura del Partido Republicano. Pintan un panorama apocalíptico de “fronteras abiertas”, que invitan a una “invasión”.
Sobre el terreno, en las ciudades de Ciudad Juárez y El Paso la realidad, aunque dramática, es muy distinta. Está dominada por la incertidumbre sobre lo que se avecina. Consecuentemente, las comunidades a ambos lados contienen la respiración ante lo que puede suceder a partir del viernes. El final del Título 42 ya ha tenido sus consecuencias incluso antes de llegar: de las 6000 personas que diariamente eran interceptadas hace una semana en toda la frontera se pasó a 8000 en los últimos días. Este miércoles, 10.400 personas lo intentaron antes de que sea demasiado tarde. Las autoridades estadounidenses calculan que hay unas 150.000 personas en México aguardando a cruzar.
Este jueves, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, trató de sonar contundente en una conferencia de prensa en Washington. “Quiero ser claro: nuestras fronteras no están abiertas. Quienes crucen ilegalmente y carezcan de base para permanecer en nuestro territorio serán deportados inmediatamente. Los llegados después de la medianoche se presumirá que no son elegibles para asilo y estarán sujeto a consecuencias severas por su ingreso ilegal, incluida una prohibición mínima de cinco años para volver a ingresar y un posible proceso penal”.
Qué pasa ahora con los migrantes
Lo que sucedió después de la medianoche es que ya no rige el Título 42, una norma sanitaria que Donald Trump desempolvó de una ley de los años cuarenta. Permitía la devolución en caliente de los migrantes que llegaban a la frontera en busca de asilo con el pretexto de detener el avance de la pandemia. Ha estado en vigor durante 40 meses y se ha traducido en 2,6 millones de expulsiones.
Al expirar, entró en vigor el viejo Título 8, que permitió a la Administración de Barack Obama deportar a más de tres millones de migrantes en ocho años. Ahora hay novedades: a aquellos que quieran solicitar asilo se les obliga a pedirlo a través de una aplicación para móviles desde cualquiera de los países de su travesía. Si llegan a Estados Unidos sin haber cumplido con ese requisito, serán deportados. Esa deportación conlleva la prohibición de volver a intentarlo durante al menos cinco años. Si los descubren tratando de cruzar de nuevo en ese tiempo, se exponen a penas de prisión en Estados Unidos.
Hay cuatro países con los que Estados Unidos no tienen acuerdos de devolución. Se trata de Cuba, Nicaragua, Venezuela y Haití. Dos aviones rumbo a Guatemala y Honduras salieron este miércoles del aeropuerto de El Paso. Son los últimos expulsados en virtud del Título 42 desde este rincón de la frontera.
De admitirse la solicitud de asilo, los afortunados pueden ser conducidos a un centro de detención mientras esta se resuelve, o recibir una cita con un juez en algún punto de Estados Unidos. Esa cita viene escrita en un documento que les permitirá viajar libremente por el país. Los plazos son muy distintos, de varias semanas a varios años. Actualmente, hay dos millones de causas abiertas, y los magistrados especializados en temas migratorios están desbordados.
Elecciones
Del éxito de esta transición dependen mucho las expectativas de Joe Biden para su reelección para la Casa Blanca. La frontera se ha convertido en uno de los temas que más preocupación generan entre los estadounidenses, y el Partido Republicano no tiene miedo de excederse a la hora de emplear esos temores en su propio beneficio electoral.
Los conservadores estaban este jueves, pocas horas del final del Título 42, listos para aprobar su propia propuesta para la frontera. Tienen mayoría en la Cámara de Representantes, pero no en el Senado, así que la ley tiene muy escasas opciones de salir adelante. De hacerlo, la vetaría Biden.
El proyecto de 213 páginas de la Ley de Seguridad Fronteriza proporcionaría, entre otras disposiciones, fondos para reiniciar la construcción de un muro fronterizo y mejoraría la tecnología de monitoreo a lo largo de las fronteras sur y norte de los Estados Unidos. También asignaría millones de dólares para aumentar la cantidad de agentes de la Patrulla Fronteriza, e instituiría cambios que, según los republicanos, agilizarán el proceso de asilo.
Por su parte, la polémica senadora independiente Kyrsten Sinema, que representa al estado fronterizo de Arizona, lleva meses recabando apoyos para una ley que daría a Biden esencialmente un Título 42 que no necesita estar vinculado a una emergencia sanitaria. La senadora, que buscará su reelección el próximo año y sabe que el control de la migración será una de las prioridades de la campaña, ha presentado una ley en la Cámara Alta junto al senador Thom Tillis, un legislador republicano de Carolina del Norte.
La norma propone facilitar durante dos años la deportación de inmigrantes irregulares “sin necesidad de audiencia o revisión” de los casos. Sus críticos la han llamado un “Título 42 anabolizado” porque quiere retomar la expulsión de menores no acompañados, una política que instauró Trump, pero que la Administración de Biden cambió como parte de un plan para humanizar la política migratoria que se ha quedado finalmente a medias.
La ley de Sinema y Tillis necesita 60 votos para aprobarse en el Senado, en virtud del arcaico sistema del filibusterismo. La iniciativa, sin embargo, ha ido ganando terreno. Un bloque considerable de republicanos la respalda. También algunos demócratas moderados que ven en peligro su reelección si no endurecen su postura. Es el caso de Joe Manchin, de Virginia Occidental.
