El presidente Luiz Inácio Lula da Silva quiere relajar las restricciones al gasto público en Brasil, ampliando el papel del Estado en la mayor economía de América latina a pesar de las preocupaciones de los inversores.
En las próximas semanas, Brasilia someterá a votación un proyecto de ley en el Congreso que garantizará aumentos anuales del gasto real. Si se aprueban, los cambios le permitirían al veterano líder izquierdista destinar fondos adicionales a infraestructura y planes sociales, pilares fundamentales de la promesa del presidente de acabar con el hambre en el país de 208 millones de personas.
Sin embargo, también supondría romper un tope que limita los aumentos presupuestarios a la tasa de inflación. El límite de gasto, introducido en 2017, se ha convertido en un pilar para la credibilidad fiscal del Estado y ha ayudado a estabilizar el nivel de endeudamiento del país sudamericano.
Los ministros dicen que Lula logrará un equilibrio entre el cumplimiento de las promesas de campaña y la gestión responsable de las cuentas públicas comprometiéndose a lograr un presupuesto equilibrado en 2024.
También señalan el historial del presidente durante sus dos primeros mandatos, entre 2003 y 2010, cuando aprovechó el auge mundial de las materias primas para sacar de la pobreza a decenas de millones de personas mediante programas de bienestar, respetando en gran medida la ortodoxia económica.
Pero eso no ha evitado la inquietud de los mercados ante un posible giro a la izquierda hacia políticas menos favorables a los negocios. Las preocupaciones se han visto agravadas por los frecuentes ataques del presidente al banco central independiente del país, al que acusa de frenar el crecimiento manteniendo su tasa de interés de referencia en el 13,75%.
Resulta de especial preocupación el impacto del gasto adicional en el endeudamiento público, que es relativamente alto para una economía en desarrollo, con un 73% del PBI.
«El nuevo marco es indudablemente peor que el anterior en lo que se refiere a la sostenibilidad de la deuda», escribió Marcos Casarin, economista principal para América latina de Oxford Economics.
La reacción del mercado al nuevo régimen fiscal ha sido diversa hasta ahora. El objetivo de eliminar el déficit presupuestario el año que viene ha tranquilizado a algunos gestores.
Los ataques de Lula al banco central de Brasil alarman a los inversores
En palabras de Jared Lou, gestor de cartera de William Blair: «No nos gusta la idea de que se cambie un límite de gasto por un mínimo de gasto, pero celebramos la intención del Gobierno de lograr un superávit primario en los próximos años».
Aunque las nuevas regulaciones estipulan que el gasto debe crecer anualmente un mínimo del 0,6% por encima de la inflación -incluso cuando disminuya la recaudación- existe un umbral máximo del 2,5%.
Según las propuestas, el gasto anual puede aumentar hasta un 70% del incremento de los ingresos del gobierno del año anterior. Este porcentaje se reduce al 50% si no se alcanzan los objetivos presupuestarios.
Para equilibrar las cuentas, el ministro de Economía, Fernando Haddad, pretende recaudar 150 mil millones de reales (u$s 30 mil millones) mediante medidas enérgicas contra la evasión fiscal, el cierre de lagunas jurídicas y la imposición de impuestos a los juegos de azar online. Las autoridades prevén ingresos públicos por 2,37 billones de reales este año.
