La firma coreana Posco Argentina SAU es la propietaria del proyecto, que está listo para iniciar los trabajos de construcción tras la emisión de los permisos por las autoridades correspondientes sobre el estudio de impacto ambiental.
El acuerdo, que fue rubricado por los gobernadores Raúl Jalil y Gustavo Sáenz, abre una tregua en el conflicto histórico que las provincias han mantenido por la zona fronteriza rica en yacimientos mineros. Los gobiernos han expresado que esta acción marca un hito en el devenir de la minería argentina, ya que dos estados federales han convenido en el esfuerzo de evaluar técnica y profesionalmente el proyecto de litio con el objetivo de priorizar el desarrollo y la producción para el bien común.
Sal de Oro comprometió una inversión de 700 millones de dólares y prevé la contratación de más de 1.000 empleados en la fase de construcción y 380 en la de operación. El anuncio con énfasis federal fortalece el territorio que conforma la Mesa del Litio (Catamarca, Salta y Jujuy) y aparece en un momento en el que la nacionalización del recurso del litio por el Gobierno de Chile reaviva el debate en el país sobre la política respecto a este recurso estratégico. El Gobierno nacional ha barajado la idea de armar una OPEL (Organización de Países Exportadores de Litio) entre Argentina, Chile, Bolivia y México. Sin embargo, las provincias de la Mesa del Litio, dueñas de la segunda reserva más grande del mundo hasta el momento, han dejado en claro que no están dispuestas a ceder un recurso que les otorga la Constitución.
