El paro surgió a partir de un tiroteo ocurrido durante la noche del martes en una estación terminal de buses y en una comisaría de Carabineros local, el que dejó a una persona muerta y cinco heridos. La violencia mostrada por los autores del crimen causó impacto en la comunidad, que lleva años expresando sus quejas por el aumento de delitos y que incluso exige la presencia de militares en la localidad.
Calama es considerada como la gran capital de la minería al contar con Chuquicamata, la mina de cobre y oro a rajo abierto más grande del mundo. La región completa aporta un 45% del Producto Interno Bruto Nacional (PIB) de Chile, lo que se contrasta con la situación económica de muchos de sus habitantes. Un 19% de los calameños viven en condiciones de hacinamiento y no cuentan con servicios básicos como luz y agua potable.
El paro de Calama refleja una crisis de seguridad y migratoria que enfrenta el Gobierno, que ha debido modificar su agenda para dar respuestas a las demandas ciudadanas. La muerte de tres carabineros en menos de un mes fue un punto de inflexión para la administración Boric, que debió avanzar con medidas que fueron cuestionadas incluso por sus propios adherentes como la llamada ley Naín-Retamal, que otorgó mayores poderes a las policías. En paralelo, la Fiscalía Nacional decidió solicitar la prisión preventiva de todos los extranjeros que fuesen detenidos y que no contaran con documentos para comprobar su identidad.
El paro de Calama muestra la indignación de sus habitantes por los hechos de violencia y la falta de servicios básicos. La crisis de seguridad y migratoria ha obligado al Gobierno a actuar para resolver las demandas ciudadanas.
