La medida busca reducir el impacto de las acciones tributarias a los productores afectados por la falta de lluvia y estará vigente hasta el 31 de enero de 2024.
La medida se oficializó a través de la resolución 445/2023 publicada este miércoles en el Boletín Oficial. La declaración de emergencia abarca a explotaciones ganaderas de los departamentos de Anta, La Candelaria, General Güemes, General San Martín, Iruya, Metán, Orán, Rivadavia, Rosario de la Frontera y Santa Victoria.
Los productores afectados deberán presentar un certificado extendido por la autoridad competente de la provincia para poder acogerse a los beneficios. El Gobierno provincial remitirá a la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios el listado de los productores impactados, acompañando copia del certificado de emergencia emitido por la autoridad provincial competente.
La medida contempla la prórroga del vencimiento del pago de impuestos que graven el patrimonio, capitales o ganancias de las explotaciones afectadas hasta el ejercicio siguiente a su finalización de la emergencia. Además, comprende la suspensión del inicio de juicios de ejecución fiscal para el cobro de impuestos adeudados, y en caso de que ya estuviera iniciado, deberá paralizarse hasta que expire la emergencia.
La declaración del estado de emergencia corresponde cuando al menos el 50% de la producción o capacidad productiva de la explotación se encuentre afectada. En ese caso, el titular se beneficiará con la postergación del pago de impuestos nacionales. Si ese perjuicio supera el 80% de la producción o capacidad productiva, se declara desastre agropecuario y el productor quedará eximido del pago de los tributos correspondientes.
