La medida se extenderá desde el 1 de febrero de 2023 hasta el 31 de enero de 2024. Para acogerse a los beneficios, los productores y productoras afectados deberán presentar un certificado extendido por la autoridad competente de la provincia, en el que se constate que sus predios o explotaciones se encuentran comprendidos en los casos previstos.
Asimismo, el Gobierno provincial remitirá a la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios el listado de los productores y productoras afectados, acompañando una copia del certificado de emergencia emitido por la autoridad provincial competente.
Además, las instituciones bancarias nacionales, oficiales o mixtas, y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) arbitrarán los medios necesarios para que los productores y productoras gocen de los beneficios previstos.
La emergencia agropecuaria por sequía en Santiago del Estero es una muestra más de los efectos del cambio climático y el calentamiento global. Estos eventos extremos son cada vez más frecuentes en todo el mundo y afectan directamente la producción de alimentos y la economía de las regiones afectadas.
