El Gobierno y Ministerio Público evaden responsabilidades por el caso de extorsión en Salar de Uyuni

El Gobierno central, el Ministerio Público y el Secretario Departamental de Turismo y Cultura de Potosí evaden responsabilidades por el caso de presunta extorsión a cuatro propietarios de hoteles en el Salar de Uyuni.

A pesar de las denuncias presentadas, las autoridades han evitado inmiscuirse en el asunto y han dado respuestas evasivas. La fiscala de Uyuni, Pamela Bazán, incluso llegó a decir que no había denuncias presentadas sobre el caso. El conflicto se originó debido a la presión que ejercen algunos miembros de la comunidad de Colchani, quienes exigen pagos de los propietarios. Según el artículo 333 del Código Penal Boliviano, el que constriña a una persona a hacer algo con el fin de obtener beneficios económicos incurre en reclusión de uno a tres años.

El artículo 333 del Código Penal Boliviano señala que «el que mediante intimidación o amenaza grave constriñere a una persona a hacer, tolerar que se haga o deje de hacer alguna cosa, con el fin de obtener para sí o un tercero indebida ventaja o beneficio económico, incurrirá en reclusión de uno a tres años». Pese a la claridad de esa norma, la fiscala de Uyuni, Pamela Bazán, pidió «complementación» cuando uno de los propietarios de hoteles denunció formalmente los delitos supuestamente cometidos al bloquear esos establecimientos de hospedaje.

«La intervención del Derecho Penal en la vida social debe reducirse al mínimo posible», es el argumento que puso en su respuesta en la denuncia. Pese a que la denuncia existe, y está con el CUD 512102122300128, Bazán dijo que no se presentó ninguna denuncia sobre el caso de la extorsión a los propietarios de los hoteles de sal.

Una denuncia anterior, presentada por Hilda Terceros, dueña del hotel Cristal Samaña, fue retirada cuando los dirigentes invadieron su establecimiento y la obligaron a retractarse públicamente.

Sin embargo, Bazán ha pedido «complementación» en la denuncia presentada. Incluso hay prueba documental de la extorsión: una carta firmada y sellada que los dirigentes les pasaron a los tres dueños de los hoteles hostigados pidiéndoles el pago de 35.000 dólares por obligaciones supuestamente devengadas.

Las autoridades competentes deberían tomar medidas inmediatas para solucionar el conflicto y garantizar la seguridad de los propietarios de hoteles.