La organización era liderada por Walter Ayala, quien coordinaba todo desde la Unidad Penitenciaria N°10 de Villa Urquiza a través de su celular. Ayala, quien había sido condenado a 12 años de prisión por trata de personas, no actuaba solo, sino que operaba junto a su pareja, Alejandra Beatriz Galván, condenada a 5 años de prisión por el mismo delito y otra mujer, cuya identidad no se ha revelado, quien se encargaba de controlar los pagos y el contacto con los clientes. Las dos mujeres fueron detenidas en cárceles diferentes.
La investigación comenzó a raíz de una denuncia anónima recibida por la Fundación María de Los Ángeles, creada por Susana Trimarco, que mencionaba el funcionamiento de prostíbulos en dos departamentos en la ciudad de San Miguel de Tucumán. Tras una investigación exhaustiva que verificó la actividad en dos edificios, se identificó a los responsables de la organización.
La participación de un agente revelador y el testimonio de una víctima que había participado en otra causa conocida como «12 de octubre» fueron clave para profundizar en el análisis y hacer intervenciones telefónicas que corroboraron lo que se venía siguiendo. Las escuchas conseguidas por el agente posibilitaron dar con la identidad de los responsables: Ayala y Galván.
Ante la situación de Ayala, quien ya estaba detenido cumpliendo su condena, se solicitó armar un operativo en simultáneo en el penal, en el domicilio de la imputada y en los departamentos señalados. La policía logró rescatar a siete mujeres que eran sometidas a la explotación sexual y Ayala fue trasladado a otra unidad y se encuentra incomunicado.
La Fundación María de Los Ángeles explicó que la modalidad actual no consiste en prostíbulos en sí mismos, sino en departamentos privados, lo que hace más complicado investigar. «Al principio no teníamos el hilo que los conectaba, no sabíamos si eran de dos proxenetas diferentes o del mismo porque usaban 9 departamentos distintos que iban rotando, lo que dificultaba determinar el lugar exacto de funcionamiento», sostuvo el representante en Tucumán de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), Daniel Weisemberg.
