La normativa busca otorgar más herramientas a las fuerzas de seguridad para enfrentar la crisis de seguridad que vive el país, y establece un marco regulatorio para la legítima defensa y el aumento de penas para quienes cometan delitos contra la policía. La ley contó con el apoyo de la izquierda tradicional y la derecha, aunque gran parte de la coalición de origen del presidente Gabriel Boric le dio la espalda al artículo más controversial: el que consagra en el Código Penal la legítima defensa privilegiada para funcionarios policiales y de orden público.
La iniciativa busca enfrentar la ola de violencia y criminalidad que ha afectado a Chile en los últimos años. El proyecto de ley eleva las penas para quienes cometan delitos contra las policías y establece la legítima defensa privilegiada de los agentes de seguridad y los militares, otorgándoles la presunción de uso justificado de su arma de servicio en situaciones en las que su integridad física o la de un tercero esté gravemente en riesgo.
Durante la votación, se generó controversia en torno a la defensa personal de los agentes de Carabineros, la Policía de Investigaciones, PDI, y Gendarmería cuando realicen funciones de orden público y seguridad pública interior. La ministra del Interior, Carolina Tohá, lideró la negociación por parte del Ejecutivo, logrando que se eliminara la indicación que avalaba la legítima defensa privilegiada cuando se quisiera impedir un delito grave. Sin embargo, se mantuvo la propuesta de enmarcar el estatuto en el Código Penal y no en el Código de Justicia Militar, donde ya existe el principio de la legítima defensa para casos extremos.
La votación dejó en evidencia la fractura que existe en la coalición de gobierno, compuesta por los partidos Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático. La mayoría de los congresistas del Partido Comunista y el Frente Amplio, que forman la coalición original del presidente chileno, rechazaron el proyecto de ley, mientras que los partidos de la izquierda moderada y las fuerzas que alguna vez conformaron la Concertación votaron a favor, como quería el Ejecutivo. La derecha, por su parte, también apoyó la iniciativa, mientras que los representantes del Partido Republicano de extrema derecha la rechazaron.
El presidente Gabriel Boric hizo un llamado a los legisladores a votar “con un alto sentido de responsabilidad” y a escuchar a los expertos y organizaciones que habían llamado la atención sobre la necesidad de apoyar a las fuerzas de seguridad, aunque aseguró que la ley era insuficiente. Está previsto que el Gobierno presente en los próximos días un proyecto para fijar las Reglas del Uso de la Fuerza (RUF) en los procedimientos policiales.
