Según un borrador interno al que accedieron algunas empresas del mercado inmobiliario, se aplicará durante 180 días la normativa anterior. Asimismo, se ha propuesto al Congreso la elaboración de una nueva ley, la cual ya cuenta con un dictamen de mayoría de legisladores oficialistas. El equipo de especialistas también estudia beneficios fiscales para los propietarios con el objetivo de aumentar la oferta de unidades. Está prevista la suspensión del pago del Impuesto a los Bienes Personales sobre los inmuebles que se pongan en alquiler y también el pago del impuesto a las Ganancias sobre los nuevos contratos. Actualmente, por la ley vigente, los contratos de alquileres deben declararse ante la AFIP.
La Ley de Alquileres vigente fue aprobada en noviembre de 2019 y sancionada por el Senado en junio de 2020. Extendió la duración de los contratos de dos a tres años y convalidó una sola actualización anual del valor mensual del alquiler de acuerdo a un índice que combina la evolución de los salarios y la inflación. Sin embargo, no solucionó los problemas y provocó subas por encima de la inflación para los nuevos contratos y una menor cantidad de propiedades disponibles para alquilar. Desde entonces, ya se presentaron unos 30 proyectos legislativos en el Congreso para modificarla o derogarla. En mayo 2022 se firmaron tres dictámenes: uno de mayoría en representación del Frente de Todos y dos de minoría, de Juntos por el Cambio y de la diputada Graciela Camaño. La propuesta que el año pasado tuvo el dictamen de mayoría no altera el plazo mínimo de tres años ni el ajuste anual, los puntos más polémicos. El Gobierno, tras estudiar distintas alternativas, ha acordado suspender la Ley de Alquileres vigente para aplicar el régimen anterior, mientras se espera una nueva ley.
