Esta medida ha generado confusión e incertidumbre en el mercado inmobiliario argentino. Los inquilinos están preocupados por el futuro del mercado, mientras que las inmobiliarias, desarrolladores y propietarios piden que se restablezcan los contratos a dos años y los ajustes cada seis meses. Sin embargo, la suspensión del marco actual no significa un retorno al régimen anterior.
Por el contrario, se prevé que se abra la posibilidad de que los nuevos contratos se negocien sin plazos fijos estipulados por ley. Esta posibilidad ha generado preocupación en grupos como Inquilinos Agrupados, que entienden que un escenario de eventual vacío regulatorio podría alentar aumentos mensuales sin control y una redefinición en los pagos de ítems como los meses de depósito.
El mercado de alquileres desconoce cuál será el nuevo marco, lo que ha paralizado las nuevas operaciones. Los agentes inmobiliarios tampoco saben qué pautas deberán afrontar aquellos que debían cubrir los aumentos estipulados por la ley hasta ahora vigente.
Según los analistas, sin otras medidas de fuerza, la suspensión del marco no redundará en una baja de los precios o la ampliación de la oferta de unidades disponibles en el mercado de los alquileres. En este marco de desequilibrio macro, con altísima inflación y desconfianza actual, esto no tendrá ningún efecto práctico inmediato si no es acompañado por otra serie de medidas de estabilización que difícilmente se adopten.
El Consejo Profesional Inmobiliario (CPI) se pronunció a favor del fin de la ley, pero en contra de que la medida ocurra por decreto, ya que suspender por decreto la aplicación de una ley del Congreso necesariamente tendría visos de inconstitucionalidad. La medida fue tomada sin que exista una alternativa ya pensada para reemplazar a la ley actual, por lo que se espera que el oficialismo discuta bajo qué régimen funcionará el mercado.
José Rozados, CEO de Reporte Inmobiliario, afirmó que la suspensión de la ley no tendrá ningún efecto práctico inmediato si no es acompañado por otra serie de medidas de estabilización que difícilmente se adopten, sobre todo porque estamos en un escenario de año electoral. «Así como fue inoportuno el momento en el que se sancionó la ley, que fue ajena a la realidad del contexto económico y del mercado en ese momento, también lo será tomar la medida de derogar la ley sin comunicar de forma precisa en qué casos seguirá aplicándose el marco actual, en cuáles ya no, y qué tipo de marco legal será el que quedará vigente», añadió.
