El Supremo brasileño elimina privilegio carcelario para presos con educación superior

El Supremo Tribunal Federal de Brasil ha eliminado un régimen de privilegio que estaba en vigor desde 1937, cuando fue aprobado durante el Gobierno de facto de Getúlio Vargas. La medida permitía la prisión especial para detenidos no condenados que tuvieran un título de educación superior, evitando que fueran retenidos en los centros genéricos.

La eliminación del privilegio carcelario ha sido aprobada por el Supremo Tribunal Federal de Brasil. Según el dictamen, “el orden constitucional actualmente vigente no permite perpetuar esa lógica discriminatoria y desigual”. El fiscal general brasileño, Rodrigo Janot, había recurrido a estas medidas contempladas en el Código de Proceso Penal en 2015 por considerar que “viola la conformación constitucional y los objetivos fundamentales de la República, el principio de la dignidad humana y el de la isonomía”.

El dictamen del Supremo también destaca que “conceder beneficio carcelario a quienes tengan un diploma de enseñanza superior no satisface ninguna finalidad constitucional y tampoco implica mayor protección al bien jurídico que no esté ya protegido por otras normas”. Por lo tanto, la prolongación de esta medida solo ha significado un “verdadero privilegio” que “materializa la desigualdad social y el sesgo selectivo del derecho penal”.

El juez Alexandre de Moraes, que lideró el dictamen del Supremo, afirmó que la medida no protege a una categoría de presos merecedora de tutela, sino que favorece a aquellos que ya tienen una posición socioeconómica privilegiada.

La prisión especial para personas con titulación superior data de 1937, cuando fue aprobada durante el Gobierno de facto de Getúlio Vargas para evitar que estos acusados fueran retenidos en los centros genéricos. Vargas fue presidente de facto del gigante sudamericano durante casi 15 años, desde el 3 de noviembre de 1930 hasta el 29 de octubre de 1945.

Durante su mandato, Vargas dio continuidad a la reestructuración del Estado y a la profesionalización del servicio público, creando el DASP (Departamento Administrativo del Servicio Público) y el IBGE. También abolió los impuestos en las fronteras interestaduales y creó el impuesto a la renta.

Sin embargo, su política se orientó cada vez más hacia la intervención estatal en la economía y en el nacionalismo económico, provocando un fuerte impulso en la industrialización. Vargas adoptó la centralización administrativa como marca para crear una burocracia de estado fuerte, hasta entonces inexistente. Durante su mandato, también fueron creados el Consejo Nacional del Petróleo (CNP), la Compañía Siderúrgica Nacional (CSN), la Compañía Vale do Rio Doce, la Compañía Hidroeléctrica de São Francisco y la Fábrica Nacional de Motores (FNM), entre otros entes.