Este resultado representa un aumento de 46 puntos porcentuales en comparación con noviembre de 2019, durante el estallido social. En este sentido, el 58% de los encuestados piensa que la institución policial no cuenta con las atribuciones necesarias para el combate de la delincuencia.
Para los encuestados, la falta de atribuciones es el principal problema en la lucha contra la delincuencia, superando incluso la preocupación por el aumento de la inmigración y el narcotráfico. Estos resultados se dan a conocer después de una semana de discusión en el Congreso sobre múltiples proyectos de ley relacionados con la seguridad, entre ellos la ley Naín-Retamal, nombrada así por dos funcionarios de Carabineros que murieron en servicio y que se enmarca en la agenda de seguridad impulsada por el gobierno y el parlamento.
El artículo referente a la legítima defensa privilegiada, el uso justificado de armas de servicio, es el que ha generado controversia en la discusión de la ley. La presunción del uso justificado de armas de servicio por parte de Carabineros generaría el principio de legítima defensa privilegiada para los uniformados y policías de civil. Este punto ha sido rechazado por algunos parlamentarios de oficialismo, quienes votaron en contra de esta norma en la Cámara de Diputados.
Sin embargo, para el ejecutivo, la relevancia de la normativa es que se tipifica la necesidad racional en el uso de la fuerza para impedir o tratar de impedir la consumación de delitos que atenten contra la vida gravemente o la integridad física de un carabinero. El gobierno mantuvo la disposición de que el funcionario que use su arma de fuego quedará en calidad procesal de víctima o testigo, y no como imputado como ocurre en la actualidad. Además, el funcionario no quedaría suspendido de sus funciones ni de sus remuneraciones hasta que termine el procedimiento disciplinario.
En cuanto a otras medidas frente a la crisis de seguridad en el país, el 92% de los encuestados está de acuerdo en endurecer las penas contra quienes atenten contra la integridad física de Carabineros, PDI y Gendarmería. La aprobación de la institución de Carabineros frente al combate de la delincuencia ha subido del 49% en febrero de 2022 al 76% en marzo, lo que representa un aumento de 27 puntos porcentuales en alrededor de un año. En ese mismo punto, el 71% de los encuestados piensa que el tema de la delincuencia debería ser el área prioritaria para el gobierno, un aumento de 11 puntos en comparación con los números de la semana pasada.
