El organismo ha recibido testimonios preocupantes que indican que jueces y fiscales solicitan dinero a las personas acusadas a cambio de recuperar su libertad o evitar condenas, o para acceder a medidas alternativas o beneficios. La CIDH ha pedido a todas las fuerzas políticas que lleguen a un consenso en la preselección de magistrados de cara a las elecciones judiciales que se llevarán a cabo este mismo año.
Esmeralda Arosemena, comisionada de la CIDH que encabezó la comitiva en Bolivia, ha mencionado el recrudecimiento de situaciones preocupantes en materia de violencia partidista, producto de una extremada polarización política que ha provocado una fractura en la sociedad boliviana y que urge ser superada.
En su informe, la CIDH ha destacado que las profundas heridas abiertas por el conflicto iniciado en 2019 solo sanarán en la medida en que las altas autoridades y todas aquellas personas con liderazgos políticos o sociales, que se pronuncian sobre los hechos en cuestión, contribuyan con su discurso a un ambiente favorable a la reconstrucción del tejido social.
Arosemena ha alentado a las partes a buscar un acuerdo social, enfatizando que «consensuar significa renunciar en ocasiones a aspiraciones personales o partidistas en aras de alcanzar el bien común».
La comisión también se ha referido a la situación en los centros penitenciarios, donde se encuentran recluidos el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y la ex presidenta Jeanine Áñez, y ha asegurado que se deben respetar las garantías del derecho de defensa, del debido proceso y de las condiciones de detención, conforme a los estándares interamericanos.
El informe concluye mencionando que la CIDH ha puesto en conocimiento del Estado los pedidos de los allegados, entre los cuales se solicita un informe objetivo de las violaciones de Derechos Humanos en su contra y de la represión en contra del pueblo cruceño por parte del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) durante las protestas del 2019, en la reunión con el presidente Luis Arce.
