La Fundación del Río ha informado que desde abril de 2018, cuando comenzó la arremetida contra estos organismos, ya han sido canceladas 3.363 entidades benéficas, lo que ha generado pérdidas por USD 255 millones y ha dejado a 24.483 personas desempleadas. Además, del total, 2.948 instituciones son nicaragüenses mientras 347 son internacionales.
La persecución del régimen ha llevado a la reducción del 46% de las personalidades jurídicas en Nicaragua. El 52% de las entidades cerradas se encontraba en el departamento de Managua, mientras que las provenientes del exterior eran originarias de Estados Unidos. El 98% de estos cierres se dio durante el último año y fueron oficializados en 73 publicaciones en el diario oficial, La Gaceta.
La Fundación del Río es una de las más de 3.000 ONG disueltas por orden del régimen sandinista y formaba parte del 38% que destinaba sus esfuerzos a atender temáticas de derechos humanos. Otra de las temáticas abordadas por una gran parte de estas organizaciones (74%) era el desarrollo en general del país y su población. A pesar de ello, el impacto a largo plazo de estos entes no ha sido tan evidente, ya que su promedio de operación era de unos 19 años y solo el 39% de las 3.363 estaba activa al momento de su cierre.
La Fundación identificó cuatro motivos detrás de las cancelaciones: la criminalización de su labor, la desarticulación del tejido territorial, el control de la cooperación al desarrollo y la hegemonía sobre el bien común y la ayuda humanitaria. En el informe titulado “La brutal demolición de la Libertad de Asociación en Nicaragua” y elaborado en conjunto con la Fundación Popol Na, se mencionó la existencia de datos y evidencia de la situación de violación a la libertad de asociación y su impacto en el país, con el objetivo de mantener informado al pueblo de Nicaragua, a los medios de comunicación y a la comunidad internacional sobre la reducción del espacio cívico en el país.
Por su parte, funcionarios del régimen han rechazado las acusaciones y han sostenido que las cancelaciones de estas ONG se debieron a que destinaban recursos de las donaciones que recibían a intentar derrocar a Ortega -principalmente tras las manifestaciones de abril de 2018-.
Entonces, miles de nicaragüenses salieron a las calles a protestar tras las controvertidas reformas de seguridad social que el régimen había implementado. La brutal represión por parte de las fuerzas de seguridad elevó la tensión de las manifestaciones, en las que se comenzó a exigir la renuncia del dictador sandinista.
Estos episodios dejaron al menos 355 muertos, según informó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), mientras que organismos locales elevan la cifra a 648. En tanto, el oficialismo ha reconocido vagamente “más de 300″.
Por otro lado, los sandinistas han argumentado que el cese de actividades de estas organizaciones responde a un proceso de ordenamiento nacional, ya que -sostienen- una gran parte de las 7.227 ONGs registradas en 2018 no estaba realmente operando.
