El Tribunal Oral Federal N°2 condenó el pasado miércoles a cuatro integrantes de una organización por el delito de transporte de estupefacientes agravado por la cantidad de intervinientes, a instancia de la acusación llevada adelante por el Área de casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta, a cargo del fiscal federal Ricardo Rafael Toranzos.
La sentencia recayó sobre Maximiliano Rivero, Walter De Torre, Claudio Mercado y Luis Miguel Garro, quienes conformaban una banda que fue desarticulada en mayo del año pasado, cuando otro implicado, también condenado a través de un juicio abreviado, fue detenido en Salta con una carga de 34 kilos de marihuana y 2 de cocaína.
El tribunal -integrado por los jueces Gabriela Catalano, Abel Fleming (presidente) y Domingo Batule- impuso a Rivero una pena de 6 años de prisión, mientras que condenó De Torre a 4 años y 8 meses de prisión, en ambos casos por ser considerados coautores. Para Mercado y Garro, en tanto, impuso penas de tres años de prisión, por haberlos considerados partícipes secundarios en el hecho.
El 28 de junio del año pasado, en el marco de un juicio abreviado, había sido condenado el camionero a tres años de prisión por el mismo delito, en grado de partícipe secundario. La fiscalía llegó a un acuerdo de colaboración con este acusado -el primero que resultó detenido en el caso- que fue clave para el esclarecimiento posterior del hecho. La homologación del acuerdo fue dictada por la la jueza federal de Garantías N°2, Mariela Giménez.
El caso fue dirigido desde un inicio por el fiscal federal Toranzos y se destaca por la utilización de las herramientas procesales provistas por el Código Procesal Penal Federal, tanto para la investigación como para la resolución del conflicto. El fiscal federal resaltó el uso de dos acuerdos de colaboración, que fueron exitosos, ya que permitieron avanzar en la cadena del delito, incluso hasta alcanzar a dos de los principales responsables del transporte de la droga, quienes recibieron las penas más graves.
En el inicio del debate, el 22 de febrero pasado, el representante del Ministerio Público Fiscal presentó el caso y adelantó los detalles de la operación de tráfico de la droga, el rol que tuvieron cada uno de acusados y ratificó la calificación legal por la que fueron requeridos.
Proveedor
Acompañado por el auxiliar fiscal Facundo Mirabella y el investigador Pablo Carraro, el fiscal acreditó a través de numerosos testigos y otras pruebas documentales la responsabilidad del imputado De Torre, empleado de la Municipalidad de La Rioja, a quien acusó de haber iniciado la operación al viajar hasta Aguas Blancas, en Orán.
Tal como surge de la investigación, se comprobó que De Torre cruzó desde Aguas Blancas hacia el Estado Plurinacional de Bolivia, donde se contactó con un proveedor de drogas, con quien acordó el envío de marihuana a través de un camión que llegaría primero a La Rioja para después continuar hasta Mendoza, para otra descarga. El 26 de mayo pasado el conductor, quien había sido contratado en Salvador Mazza, comenzó el traslado de 34 kilos de marihuana y 2 kilos de cocaína, procedentes del vecino país.
