Emilio Pérsico, referente del Movimiento Evita y secretario de Economía Social, fue denunciado por la Coalición Cívica (CC), partido presidido por Elisa Carrió, que acusa a la organización de girar más de $3.000 millones a sus cooperativas a través de convenios «modificados».
La denuncia también fue dirigida hacia Alexandre Roig, Presidente del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), Milagros Moya, Directora Nacional de Cumplimiento y Fiscalización de dicho instituto, y Gildo Ezequiel Onorato, Presidente de la Federación de Cooperativas de Trabajo Evita Limitada.
La acusación fue firmada por los legisladores Hernán Reyes, Héctor Flores, Juan Manuel López, Maximiliano Ferraro, María Fernanda Reyes y Maricel Etchecoin, y denuncia a los dirigentes y funcionarios por delitos de defraudación contra la administración publica, asociación ilícita, incumplimiento de deberes a su cargo y negociaciones incompatibles con el ejercicio de sus funciones.
En concreto, se denunció que los acusados «manejan» los convenios, dado que son ellos quienes presentan las propuestas, aprueban los proyectos y controlan el destino de los fondos, hechos anclados en tres ejes cuya cúpula se concentra en la organización popular.
«Las conductas denunciadas encuadran dentro de una organización que, a nuestra consideración, fue conformada casi con exclusividad a los fines del saqueo de los recursos estatales para financiar su desarrollo territorial y su disputa política en el universo de las organizaciones sociales y de su frente político», explicaron los legisladores de la CC sobre la causa que está a cargo de la jueza federal María Eugenia Capuchetti.
Asimismo, los diputados calificaron a las acciones denunciadas como un «escándalo moral por la utilización de recursos destinados a reducir las asimetrías sociales y reducir el impacto social de un modelo macroeconómico agotado».
