El gobierno de Nicaragua declaró el lunes ilegal al Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) y a las 19 cámaras que lo integran alegando incumplimiento en la actualización de sus permisos para trabajar.
Aduciendo incumplimientos de la ley y falta de transparencia, la decisión del Ministerio de Gobernación (Interior) priva de personería prácticamente a todas las asociaciones empresariales del país y se suma a otras medidas del gobierno del socialista Daniel Ortega que le han valido aislamiento internacional.
La clausura de la principal patronal del país, cuyos máximos directivos fueron encarcelados en 2021 y deportados este febrero, se oficializó mediante una publicación en el diario La Gaceta en la que se indicó que el Consejo no presentó la “convalidación de sus registros”.
Según la resolución, el COSEP y las restantes asociaciones “no completaron el proceso de convalidación de registro, presentando inconsistencias en la información” de estados financieros, sin detalle de ingresos y gastos o sin soporte para los mismos.
”Con estas acciones estos organismos no promueven políticas de transparencia en la administración y manejo de sus fondos; así mismo no han reportado estados financieros en el periodo fiscal 2022″, sostiene la resolución dictada por la ministra de Gobernación, María Amelia Coronel Kinloch, el 3 de marzo.
El argumento es el mismo utilizado por el Ministerio de Gobernación para proceder al cierre de unas 3300 organizaciones no gubernamentales desde la rebelión social de 2018 y que en su mayoría fueron clausuradas el año pasado.
Entre los gremios cancelados se encuentran las asociaciones de exportadores de café, de productores agropecuarios, de la industria textil y confección, así como las cámaras de urbanizadores, de la construcción, de pesca, de microfinanzas, de comercio y servicios, de industrias y de turismo.
