Por Luis Secco – Un país que era una realidad en materia de crecimiento económico y de
progreso social, y que competía exitosamente como destino de millones de inmigrantes que
buscaban una oportunidad para construirse una vida mejor. El abuso de las políticas fiscales
expansivas y de las políticas monetarias poco sanas de un lado, y el abuso en materia de
intervenciones estatales sobre la iniciativa privada del otro, han violentado la estabilidad
macroeconómica, frustrado el crecimiento económico y achicado al sector privado a una
mínima expresión.
Ese fracaso de largo plazo de la Argentina se fue construyendo a partir de crisis recurrentes
(nada menos que 8 en los últimos 45 años) que no han sido otra cosa que la manifestación
de la insustentabilidad inherente del populismo y sus políticas económicas. En algunos
casos un shock externo, en otros la dinámica política interna, pusieron al descubierto la
vulnerabilidad macro que promueven los déficits fiscales permanentes y su correlato en
materia de endeudamiento y de deterioro del balance del BCRA (desconfianza estructural
en la moneda). Los fogonazos inflacionarios y cambiarios con o sin default de la deuda
pública se convirtieron en eventos repetitivos a los que la sociedad argentina se fue
acostumbrando.
No es el objetivo de estas líneas plantear las razones de la falta de un aprendizaje efectivo
que evite repetir los mismos errores del pasado, pero dicha falta resulta un tanto
sorprendente si tomamos en cuenta la profundidad de las crisis pasadas y el hecho de que
varias no están tan lejanas en el tiempo. Asimismo, esa falta de aprendizaje lleva a
preguntarnos si las crisis en Argentina dan la oportunidad (o sirven de excusa) para hacer lo
que hay que hacer. Las crisis tienen, según la definición más corriente, cuatro
características que las diferencias de otros eventos: primero, la sorpresa; segundo, generan
incertidumbre; tercero, ponen en riesgo objetivos importantes (tienen costos); y por último,
lo que las hace diferentes a otros episodios, es que las crisis son "procesos de
transformación en los que el viejo sistema no puede ser mantenido por más tiempo." Por lo
tanto, el cuarto elemento distintivo en una crisis es la necesidad de cambio.
Lamentablemente esa necesidad de cambio se ha manifestado sólo de manera espasmódica
y las políticas que condujeron a la crisis se abandonan sólo por algún tiempo relativamente
corto. Y a veces maquilladas y otras veces al natural, vuelven a crear los desequilibrios
macro (los mismos de siempre) que detonarán la próxima crisis.
La Argentina arrastra ya 15 años de inflación a dos dígitos y creciente (hasta alcanzar casi
los tres dígitos); 15 años de estancamiento (el PBI per cápita de hoy es el mismo de 2007);
mientras que la pobreza se ha enquistado entre un cuarto y un tercio desde el inicio de la
década pasada. Indicadores que son más esperables para un país en guerra que para uno
como la Argentina. Tal vez sea por ello que se haya recurrido al lenguaje bélico al analizar
las perspectivas de la economía argentina en el arranque de 2023.
En efecto, en las últimas semanas revivió el debate en torno a la herencia que le dejará este
gobierno al próximo. Se habló entonces de bombas, explotadas y por explotar, de terreno
minado, de cuánto más daño podría hacer las actuales autoridades hasta diciembre y de las
dificultades que tendrán las próximas autoridades para lidiar con tal herencia. A riesgo de
ser repetitivos, desde hace varios meses venimos ocupándonos de estas cuestiones en
diversas columnas de opinión. La sustentabilidad de la deuda del tesoro (léase la capacidad
del mismo de hacer el Roll-over de su deuda en pesos) y la sustentabilidad del balance del
BCRA han ocupado un 80% de nuestras columnas de los últimos 15 meses.
Nuestra postura es muy clara: tanto el Roll-over de la deuda pesos del Tesoro (la "bomba
de la deuda en pesos") como la sustentabilidad del balance del BCRA (la "bomba de las
LELIQ) pueden ser desarmadas por la próxima administración. Claro que el desarme no es
independiente del programa que se implemente. Cuanto más ambiciosa, más rápida y más
creíble resulte la consolidación fiscal, más sencillo resultará hacer convergentes esas
dinámicas. El apetito de los inversores por la deuda en pesos retornará en un contexto de
ajuste y transparencia de la política fiscal. A su vez, esa consolidación fiscal permitirá
erradicar la dominancia fiscal sobre el balance del BCRA, lo que sumado a una política
cambiaria más sana debería traducirse en una mejora de la calidad de los activos y pasivos
de la autoridad monetaria. Con un programa serio e integral de por medio las bombas dejan
de ser tales.
Pero el mayor riesgo no está del lado de la voluntad de pago, de la cual todos sus
exponentes, tanto políticos como técnicos, dan cuenta, ni de las capacidades técnicas de la
oposición (al menos de todas las fuerzas que están a la derecha del espectro ideológico del
actual gobierno). El mayor riesgo está en el manejo amateur e irresponsable de las
cuestiones fiscales, financieras y monetarias de las actuales autoridades. Las que a veces
parecen empeñarse en aumentar el contenido pirotécnico de ambas dinámicas. Además, se
suman este año dos elementos claves que demandarán mucha más expertiz y más muñeca
de la que han mostrado hasta aquí: las presiones cambiarias típicas de un año electoral (con
un Presidente que luce bastante solo y falto de poder) y las consecuencias de una sequía (de
granos, de dólares y de recaudación) pocas veces vista en nuestra historia reciente.
Todas las grandes crisis de nuestra historia (las que recordamos las actuales generaciones)
han tenido como actor principal a un presidente débil (Isabel Perón, Alfonsín, De la Rúa) y
han tenido algún evento externo no controlable por las autoridades económicas como
gatillo. Si el Gobierno sigue jugando imprudentemente con el balance del BCRA y continúa
aumentando el tamaño de los desequilibrios (monetarios y financieros), corre el riesgo de
que un evento de deuda y/o cambiario se produzca antes de que el próximo gobierno reciba
su pesada herencia.
