La tensión en Perú y el cierre de la frontera genera tensión a los narcos bolivianos que no reciben materia prima

La interrupción de flujo de cocaína estaría produciendo problemas entre los narcotraficantes, cuyos acuerdos se ven comprometidos por el conflicto.

La provisión de hojas de coca y de sulfato de cocaína provenientes de territorios amazónicos
peruanos es indispensable para que los barones bolivianos del narcotráfico cumplan sus
compromisos de reexportación hacia otros países vecinos, rumbo a Europa.
Las estadísticas de las Naciones Unidas y del propio gobierno boliviano han comprobado que los
volúmenes de droga que sale de Bolivia hacia el mundo no podrían ser producidos solamente con la
coca boliviana. Para ello se requiere el aporte de la materia prima y la droga semielaborada
provenientes de Perú, el segundo productor de coca de Sudamérica, después de Colombia.
En tiempos normales, esa materia prima y ese insumo son tratados en modernos laboratorios
instalados en parques nacionales para producir clorhidrato de cocaína, que luego parte en avionetas
hacia Argentina, Brasil y Paraguay.
Pero ahora la frontera está cerrada. La interrupción de ese flujo estaría produciendo tensiones muy
grandes entre los narcos, que tienen tratos que se cumplen, si o si, o corre sangre.
El ex presidente cocalero Evo Morales y el dirigente Leonardo Loza, de Chapare, no han dejado de
expresar su solidaridad con las protestas de los grupos violentos del sur del Perú que han llegado
hasta Lima. Lo siguen haciendo a pesar de las protestas del gobierno de Dina Boluarte.
El propio canciller de Bolivia, Rogelio Mayta, entró en el debate y dijo que el gobierno boliviano
rechaza las acusaciones de injerencia hechas desde Lima, pero no dejó de lamentar la muerte de los
revoltosos peruanos que llegaron acompañados de narcoterroristas de la organización maoísta
Sendero Luminoso.
Todo esto, con o sin roces diplomáticos, mantiene cerrada la frontera entre ambos países desde
principios de enero, lo que perjudica el comercio bilateral, incluida la coca y el sulfato de cocaína
que llegan de Perú a Bolivia regularmente, junto con oro de la minería ilegal..
El territorio de la provincia de Puno es el que recorren estas cargas desde el río amazónico Madre
de Dios hasta las márgenes del lago Titicaca, a 4.000 metros sobre el nivel del mar, incluidas las
provenientes del VRAEM, donde opera Sendero Luminoso en el negocio de la coca, la droga y el
oro.
La injerencia de los dirigentes de Chapare da la razón a las denuncias del gobierno peruano y a los
parlamentarios de ese país que han advertido la presencia de ciudadanos bolivianos en las protestas.
Algunos de esos parlamentarios dijeron que los bolivianos enviados desde Chapare portan banderas
llamadas Wiphala, hecha de cuadrados pequeños del color del arco iris, como la que usa la
organización LGTB a rayas, con los mismos colores.
Esa bandera fue proclamada como la segunda bandera de Bolivia por el gobierno de Evo Morales
con el argumento de que representaba a los pueblos nativos de este territorio cuando llegaron los
conquistadores, algo que los historiadores nacionales,, peruanos y españoles han desmentido.
El gobierno y los políticos peruanos consideran esa bandera boliviana como la prueba de la
intromisión. Se ha visto esa bandera incluso en Lima, entre los que incendiaban edificios y
golpeaban a la gente.
El colorinche emblema ha generado una tensión adicional entre los dos países. El legislador
fujimorista Juan Carlos Lizarzaburu llamó a la Wiphala boliviana “mantel de chifa”, es decir mantel
de los comedores populares limeños donde se sirven platos chinos.
Eso ha molestado a parlamentarios del MAS, que piden a la cancillería exigir que el gobierno
peruano se disculpe por haber hecho semejante ofensa a un símbolo patrio, a pesar de que la
Wiphala no es reconocida por la mayoría de los bolivianos. El parecido de esa bandera con la que
usa el LGTB es también motivo de burlas.
Mientras tanto, el narcotráfico sigue produciendo noticias y tensiones en Bolivia. La fuga de un
narcotraficante brasileño de la cárcel de Chonchocoro ha sido definida por diputados del MAS de la
línea de Evo Morales como la demostración de la existencia de un acuerdo entre el gobierno de Luis

Arce y la mafia paulista Primer Comando da Capital (PCC).
Las diferencias entre las corrientes de Morales y Arce no habían llegado a tanto hasta ahora. Se
acusan mutuamente de tener vínculos con el narcotráfico, pero nunca habían llegado a mencionar
conexiones con cárteles extranjeros de manera tan expresa.