Por Joaquín Morales Solá – Hablan un idioma que nadie conoce. La indiferencia social de la
dirigencia gobernante (y el exacerbado internismo de la opositora) creó un peligroso vacío
en la conducción política del país. ¿Alguien cree en el Gobierno que el juicio político a la
Corte Suprema es un tema que conmueve a la sociedad? En todo caso, ¿alguien cree que no
hay temas de mayor preocupación social que el acoso del kirchnerismo al máximo tribunal
del país? La promesa del ministro de Economía, Sergio Massa, de que la inflación mensual
estaría muy cerca del 3 por ciento a partir de marzo se convirtió ya en un objetivo
inalcanzable. Una fantasía, una utopía inverosímil. La actividad económica oscila desde
septiembre pasado entre la caída y el estancamiento. El constante aumento del precio del
dólar es una inquietud para los pocos que pueden comprar, pero es una alarma mucho
mayor para el resto de la sociedad, que entrevé en esa suba el pronóstico de una inflación
peor en los próximos meses.
En medio de ese paisaje de desolación y pesimismo social, el Presidente, la vicepresidenta
y los legisladores del oficialismo solo se muestran preocupados por arrasar con la Corte; es
la primera vez en la historia que un gobierno se propone destituir a todos los jueces del
tribunal más importante del país. Ni Perón en 1947 ni Néstor Kirchner en 2003
promovieron la expulsión de toda la Corte de esos momentos. Carlos Menem no le inició
juicio político al máximo tribunal, pero licuó la influencia de su anterior conformación con
la designación de cinco nuevos jueces supremos. Como se ve, el peronismo tiene un
problema ancestral con la independencia del Poder Judicial desde que su fundador, que
asumió por primera vez en 1946, usó un trabalenguas que no decía nada, pero anunciaba
todo: “Pongo el espíritu de la Justicia por encima del Poder Judicial”. Era él, Perón, quien,
desde ya, podía interpretar el espíritu de la Justicia.
La complicidad de Massa con el cristinismo en el juicio a la Corte lleva a pensar que espera
el apoyo de Cristina Kirchner para ser candidato
El actual presidente violó abiertamente la Constitución cuando convocó a sesiones
extraordinarias del Congreso para enjuiciar a la Corte por la decisión, entre otros motivos,
de dictar una cautelar en el caso de la coparticipación de la Capital. Una cautelar es, por
definición, una decisión transitoria que congela las cosas tal como estaban a la espera de la
sentencia de fondo. Un juicio político por esa razón es una abierta presión al tribunal para
que resuelva la cuestión de fondo de acuerdo con los intereses de los que gobiernan.
Además, la Constitución le prohíbe expresamente al Presidente arrogarse el conocimiento
de causas judiciales en curso. ¿Sabe, acaso, Alberto Fernández cómo será la decisión de
fondo de la Corte sobre la coparticipación que el jefe del Estado le hurtó a la Capital? Solo
un conocimiento previo de esa causa podría explicar que el juicio político esté siendo
promovido por una mera cautelar. ¿O son simples zafarranchos que surgen de las canteras
intelectuales del cristinismo? Si los voceros del juicio político son los diputados Eduardo
Valdés, Rodolfo Tailhade y Leopoldo Moreau, el oficialismo solo busca el barro, la
calumnia y la superchería. Renunció con esos personajes a buscar siquiera una porción
módica de simpatía en la sociedad.
Todas las acusaciones contra los máximos jueces del país son falsas. Ni el presidente de la
Corte, Horacio Rosatti, es indiferente a los derechos humanos (su historia dice todo lo
contrario); ni Carlos Rosenkrantz cometió alguna falta a la indispensable ética, porque él
mismo se impuso un plazo de cinco años para excusarse en expedientes que involucraran a
exclientes suyos cuando no era juez; ni Juan Carlos Maqueda hizo nada reprochable en la
obra social del Poder Judicial, que depende de la Corte. El fiscal Carlos Stornelli pidió el
archivo de esa causa contra Maqueda y una resolución, que va más allá del sobreseimiento,
se prepara en el despacho del juez Ariel Lijo, que tiene el expediente. Nadie se dio cuenta,
pero el exjuez de la Corte Eugenio Zaffaroni fue llamado como testigo contra sus excolegas
cuando él mismo está siendo acusado en el caso de la obra social. Como esta depende de
toda la Corte, el período cuestionado incluye los años en que Zaffaroni fue juez de la Corte.
No puede ser testigo, por lo tanto, porque podría ser imputado.
El único aspecto novedoso del juicio político es que el partido de Elisa Carrió, que integra
Juntos por el Cambio, insistió con el enjuiciamiento del juez Ricardo Lorenzetti, que la
lideresa opositora había pedido varias veces, la última en 2017, cuando gobernaba Mauricio
Macri. Carrió lo fundamentó en la necesidad de ser coherente con su historia y con la de su
partido. Su pedido de juicio político a Lorenzetti no está argumentado en el contenido de
sus sentencias, sino en la administración de los bienes de la Corte cuando él era su
presidente. Está en duda que Carrió pueda conseguir los dos tercios de los votos de la
Cámara de Diputados para enjuiciar a Lorenzetti porque el resto de Juntos por el Cambio
prefiere proteger en bloque a la Corte. Los juicios a Rosatti, Maqueda y Rosenkrantz van
camino al fracaso absoluto, porque en sus casos Juntos por el Cambio se abroquelará para
impedir que el peronismo avance. El kirchnerismo se conforma con el ruido y la furia a la
espera, tal vez, de que algún juez se canse de tanta persecución y renuncie. Estéril espera.
Ninguno de los jueces actuales está dispuesto a darles el gusto a sus perseguidores. Darles
ese gusto sería un pésimo ejemplo para los jueces de instancias inferiores que deben
resolver en tiempos inminentes casos serios y graves contra la nomenklatura gobernante.
Ellos lo saben.
La inflación de enero será superior al 5 por ciento, pero los economistas privados
percibieron algo más grave: una brusca aceleración del precio de las cosas en la última
semana de enero. Esa dinámica de la inflación compromete al índice inflacionario de
febrero y, posiblemente, al de marzo. En febrero están previstos varios aumentos (gas,
electricidad, prepagas, por ejemplo) y ya se registra una fuerte suba en el precio de la carne,
que influye sobremanera en el índice general. El presidente de la Unión Industrial, Daniel
Funes de Rioja, dijo en el relanzamiento del programa Precios Justos que los precios de la
Argentina, medidos en dólares, siguen siendo inferiores a los de Chile y Brasil si se tienen
en cuenta los fideos, el arroz, el pan fresco, la harina, la leche, el azúcar y el aceite. No
obstante, la actividad económica cayó en septiembre, octubre y noviembre. Desde entonces
se estancó donde quedó; no creció ni cayó más, tal vez como efecto del aguinaldo y las
vacaciones. De todos modos, el nuevo respingo del precio del dólar es la mejor prueba de
que no hay en la sociedad buenas expectativas con respecto de la inflación. El dólar es el
mejor refugio para los argentinos cuando les sobra un solo peso y la tempestad inflacionaria
no escampa.
Que Massa no se baje definitivamente de la candidatura presidencial influye en la
economía. Desliza en privado que no será candidato, pero deja hacer en público. ¿Es o no
es candidato a la presidencia? Su complicidad con el cristinismo en el juicio político a la
Corte Suprema conduce a la inferencia de que espera el apoyo de Cristina Kirchner para ser
candidato. Sectores empresarios vienen reclamando que el responsable de la conducción
económica abandone, por esta vez al menos, su desmedida ambición. Sobre todo porque esa
eventual candidatura está contribuyendo a enlodar aún más el ya enlodado mosaico político
del kirchnerismo. El juicio a la Corte aleja las inversiones y, para peor, la oposición está
enredada en sus propias trifulcas. Importantes empresarios empiezan a verbalizar duras
críticas a la falta de propuestas concretas de Juntos por el Cambio, que podrían despejar
parte del porvenir. No puede ser que el único programa específico de sectores opositores
sea la dolarización de la economía que promete Javier Milei. El dirigente libertario debería
saber que la Corte Suprema no demoraría más que unas pocas horas en declarar
inconstitucional la dolarización. El artículo 75 de la Constitución señala que debe existir
“un banco federal (el actual Banco Central) para emitir moneda, fijar su valor y defender la
moneda nacional”. Es la Constitución, entonces, la que establece la obligación del país de
contar con una moneda nacional. Cuidado. El mundo está lleno de ejemplos de líderes
antisistema que se hicieron con el poder en poco tiempo.
Si bien se miran esas extravagantes propuestas de algunos opositores, la indolencia y la
ineptitud de los que gobiernan y el ombliguismo de otros opositores es fácil concluir que la
Argentina está más cerca de la ruina que de la gloria. Es un destino injusto, pero la historia
y la Justicia no siempre están de acuerdo.
