Con el adelanto de elecciones eliminado de la agenda política, el gobierno de Perú declaró el estado
de emergencia por 60 días a siete regiones del país en medio de incesantes protestas que exigen la
renuncia de la presidenta Dina Boluarte y que han dejado 48 muertos.
Los departamentos donde se impone la medida son el amazónico Madre de Dios (este), y de Cusco,
Puno, Apurímac, Arequipa, Moquegua y Tacna, todos en la región sur-sureste del país.
El estado de excepción, que también está vigente hasta mediados de febrero en las regiones de
Lima, donde se encuentra la capital, y El Callao, sede de las principales terminales marítima y aérea
del país, otorga “el control del orden interno” a la policía y las fuerzas armadas.
La medida restringe o suspende “derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de
domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad
personales”, detalló el diario oficial.
El decreto también declara la “inmovilización social obligatoria” de personas desde las 20H00 hasta
las 04H00 durante 10 días en el departamento de Puno, con excepción de aquellas que lo hagan para
desempeñar actividades productivas o laborales o quienes requieran atención médica urgente.
En dicha región del altiplano, epicentro de las manifestaciones antigubernamentales, el decreto
dispone que el Comando Conjunto de las fuerzas armadas asuma el mando unificado de soldados y
policías.
Cruentos enfrentamientos el pasado 9 de enero en Juliaca, una de las principales ciudades puneñas,
dejaron un saldo de 19 personas muertas, incluido un policía, mientras que los bloqueos de vías en
la frontera con Bolivia mantienen en parálisis y tensión la vida de esa región.
En Lima, una multitudinaria marcha de campesinos, civiles y estudiantes en contra del gobierno de
Boluarte y pidiendo el cierre del Congreso culminó el sábado con enfrentamientos en el centro de la
ciudad.
