Estallidos sociales, caóticas transiciones de poder, polarización, corrupción, políticas de mano dura,
represión y violencia. Inmersa en una tendencia decadente, la democracia en América Latina sufrió
un nuevo retroceso en 2022 y transita “un camino cada vez más oscuro hacia la autocracia”, de
acuerdo con el último informe de la Unidad de Inteligencia de The Economist.
Mientras la democracia a nivel global se encuentra en un período de estancamiento, con una mínima
mejora respecto al año anterior por el aumento de las libertades ante el relajamiento de las
restricciones por coronavirus, el reporte que realiza anualmente la revista británica advierte sobre el
declive en la calidad democrática de los países latinoamericanos por séptimo año consecutivo. La
puntuación de la región decayó de un promedio de 5,83 en 2021 a 5,79 en 2022.
El 45% de la población latinoamericana no reside en una democracia y, por el contrario, vive bajo
algún tipo de régimen híbrido o régimen autoritario, consideró el estudio, un porcentaje que supera
con creces al apenas 4% de los latinoamericanos que habita en una democracia plena.
Una de las principales amenazas a la democracia en América Latina es la escasa capacidad del
Estado, que deriva-con algunas excepciones- en un bajo nivel de confianza de los latinoamericanos
en las instituciones, indica el reporte. El crecimiento del crimen organizado y las redes del
narcotráfico, incluso en países modelo como Uruguay o Chile, disparan los niveles de delincuencia
y debilitan las aptitudes de los gobiernos. Esto es evidente en el caso de Haití -el peor retroceso
regional- que no ha podido recuperarse del magnicidio de Jovenel Moïse en 2021 y es terreno fértil
para el control de las maras.
El “Índice de Democracia” de The Economist juzga la calidad democrática en 167 países -que
abarcan la mayoría de la población mundial- en función de cinco indicadores: proceso electoral y
pluralismo, funcionamiento del gobierno, participación política, cultura política democrática y
libertades. Así construye un ranking en el que califica a cada país en base a sus resultados, en el que
lidera una vez más Noruega, con una puntuación de 9,81 (sobre 10) y que situó a Afganistán en el
último lugar, con 0,32 puntos.
Bajo esta clasificación, solo tres países de América Latina forman parte del limitado grupo de 24
democracias plenas en el mundo. Uruguay se encuentra posicionado en el 11° lugar a nivel mundial
y es el líder regional gracias a su calidad democrática. Le siguen Costa Rica (17) y Chile (19), que
logró ascender a “democracia plena” tras un descenso a la categoría de “democracia imperfecta” en
2021.
Riesgo de autoritarismo
Nueve países latinoamericanos, entre ellos la Argentina, son democracias imperfectas y ocho son
considerados regímenes híbridos. La Argentina quedó en el puesto 50 a nivel global, igual que el
año pasado, y sexta en la región, debajo de Panamá (quinto) y por arriba de Brasil (séptimo).
En tanto, Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela son los cuatro países bajo gobiernos autoritarios. Pero
“existe el riesgo de que aumente la lista de autocracias en la región, ya que varios países están
experimentando un proceso de retroceso democrático”, advierte la investigación.
El ejemplo más claro que menciona el reporte es El Salvador, que sufrió el segundo mayor retroceso
en su calidad democrática de la región, después de Haití. Ambos países, junto con México, fueron
los motores que condujeron a la caída regional.
El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, transita su cuarto año en el gobierno con una popularidad
formidable, con el 87,8% de los salvadoreños a favor de su gestión. Esto le ha permitido sobrepasar
frenos y contrapesos con facilidad, lo que ha encendido las alarmas de la comunidad internacional.
Entre las medidas que revelan su costado autoritario, Bukele anunció en septiembre de 2022 que
buscará la reelección en los comicios de 2024, una opción históricamente prohibida en la Carta
Magna, pero que fue aprobada por los jueces de la Corte Suprema de Justicia, instaurados en el
puesto por él mismo.
Además, el líder centroamericano acumula incontables denuncias por parte de organismos
internacionales que lo acusan de perpetrar violaciones a los derechos humanos y hostigar a la
oposición. En el marco de su plan de mano dura para acabar con las pandillas involucradas con el
narcotráfico y el crimen organizado, Bukele extendió en enero, por décima vez, el estado de
excepción, lo que limita las libertades individuales y habilita las detenciones sin orden judicial.
Human Rights Watch (HRW) denunció la existencia de “violaciones masivas de las garantías
procesales, grave hacinamiento en las cárceles y muertes bajo custodia” en el país. El miércoles,
Bukele inauguró la cárcel “más grande de América”, donde planea encerrar a 40.000 presuntos
pandilleros.
El análisis de la revista británica también advierte sobre el caso de México, un régimen híbrido en
un “proceso de retroceso democrático bajo la presidencia de Andrés Manuel López Obrador”,
acusado de expandir el papel de las fuerzas armadas en ámbitos del gobierno como la seguridad
pública y la economía. Puntualizó además en la polémica reforma electoral aprobada por la mayoría
oficialista del Senado mexicano en diciembre, que redujo el presupuesto y la estructura del órgano
electoral independiente.