En los últimos días del 2022, la justicia federal de Tucumán tomó una decisión inédita en las causas
por responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad: el Tribunal Oral Federal hizo lugar a
una medida cautelar pedida por la fiscalía para embargar inmuebles de empresarios tucumanos del
Ingenio La Fronterita que podrían haberse utilizado para cometer crímenes de lesa humanidad en la
localidad de Famaillá.
La causa abarca los delitos cometidos contra 68 personas, de las que 11 permanecen desaparecidas.
Las víctimas eran en su mayoría trabajadores del ingenio, dirigentes y militantes sindicales de base
y colonos que residían en los barrios construidos por la empresa y están acusados cuatro ex
directivos de La Fronterita, Jorge Alberto Figueroa Minetti, quien era el administrador, Eduardo
Butori, Alfredo Martínez Minetti y Fernando Cornú De Olmos. La medida cautelar, que se toma por
primera vez en causas de lesa humanidad, podría sentar un precedente importante en otros
expedientes en los que se investiga la responsabilidad de empresarios. “El pedido consiste en
cautelar los bienes que, en caso de condena, serían objeto de decomiso o servirían para afrontar las
eventuales reparaciones a las víctimas. En el caso de los inmuebles, si se determinara en juicio que
ellos se usaron para cometer los delitos o bien que sus titulares los dieron con conocimiento o se
vieron beneficiados económicamente con los delitos de terceros, serían pasibles de decomiso”,
explicó en diálogo con Tiempo Argentino el fiscal general Pablo Camuña, titular de la Unidad
Fiscal de Derechos Humanos de Tucumán. En 2016, la familia Figueroa Minetti vendió el 50% de
la empresa a una multinacional de origen mexicano, incluido el ingenio y su casco histórico, sin
embargo, mantuvo en su poder miles de hectáreas. Además de los inmuebles, la medida cautelar
incluyó el embargo preventivo de las acciones de Figueroa Minetti y sus rentas. Los hechos
ocurrieron entre 1975 y 1978. A partir del Operativo Independencia, los dueños de La Fronterita le
dieron control total en el predio a las fuerzas represivas, que se instalaron en tres espacios: el
“Comando de la Laguna”, donde se alojaba a la oficialidad, el “Tambo”, en el que permanecían las
tropas, y las viviendas llamadas los “conventillos. Todos ellos fueron reconocidos por
sobrevivientes como lugares donde fueron mantenidas cautivas personas y torturadas. Los cuatro
empresarios están imputados como cómplices primarios de los delitos de violación de domicilio,
privación ilegítima de la libertad con apremios y vejaciones, torturas, torturas seguidas de muerte,
abuso sexual, violación sexual y homicidio. También fueron acusados de obtener ganancias
extraordinarias a partir de su relación con el aparato represivo ilegal. La causa fue elevada a juicio
en diciembre de 2021, luego de tres años de demoras, y tanto las querellas como la fiscalía
solicitaron varias veces que se realice el debate oral, pero el TOF de Tucumán aún no fijó la fecha.
“Si bien el estado de salud de los imputados es bueno y por ende son aptos para participar en el
debate, son personas de avanzada edad. El tiempo es fundamental para evitar la impunidad”, añadió
Camuña, quien espera que finalmente comience
