Qué pasó con el poder de compra de los jubilados en 2022 y en los últimos tres años

Los haberes de quienes no reciben bonos para aliviar el efecto de la inflación cayeron 11,5% en términos reales en solo 12 meses; los adicionales fueron dispuestos ante la insuficiencia que mostró la fórmula de movilidad, pero, aun cobrando esos extras, se pierde contra el alza de precios

Los jubilados y pensionados del sistema de la Anses que no cobran bonos para aliviar los efectos de
la inflación, tuvieron una pérdida del poder de compra de 11,5% solo en 2022 y de hasta un 18,2%
en los últimos tres años, en los cuales la inflación acumuló un 300,7% según los datos del Indec. En
el último año, el índice de precios avanzó un 94,8%, mientras que en 2020 y en 2021 la inflación
había sido de 36,1% y 50,9%, respectivamente.
Los números reflejan el resultado que, evaluadas en función de la variación de los precios, tuvieron,
en primer lugar, la política de reajustes discrecionales a los haberes jubilatorios durante 2020, y,
luego, la fórmula de movilidad aplicada en 2021 y 2022, que fue aprobada en su momento por el
Congreso, a propuesta del Gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. El hecho de cobrar
bonos, de todas maneras, no evitó que en muchos casos también se perdiera poder de compra.
Para un jubilado que al iniciarse 2020 cobraba el equivalente a tres veces la jubilación mínima de
entonces, es decir, un ingreso $42.203,79, el haber bruto actual es de $140.910,3, tras un aumento
nominal acumulado de 233,9%. Como la inflación fue en el período de 300,07%, con lo que en este
caso llega hoy al bolsillo es posible comprar un 83,5% de lo que podía adquirirse tres años atrás; es
decir, se perdió un 16,5% de la capacidad de compra. Expresado de otro modo: por cada $100 que
se tenían en el primero momento y con los cuales se podía comprar un conjunto de bienes y
servicios, en el segundo momento se tienen $333,9, mientras que el precio de la canasta de consumo
avanzó a $400,07.
Si el ingreso mensual era en el inicio de 2020 equivalente a cinco veces la jubilación mínima, es
decir, de $70.339,65, entonces, ahora, luego de los aumentos por decretos y por movilidad, es de
$231.696,3, un 229,4% más alto en términos nominales. Pero, medido en función de su capacidad
adquisitiva, el monto actual es un 17,7% más bajo, lo que significa que se puede adquirir un 82,3%
de lo que podía comprarse en el momento del punto de partida de la comparación.
Para el haber máximo que otorga el sistema (y que, en la práctica, hay quienes superan, por
ejemplo, por haber ganado un juicio contra el Estado), entre 2020 y 2022 la caída del valor real
llegó a 18,2%, tras recibirse subas nominales que acumularon un 227,3%.
Si se considera solo el último año, en cada uno de los ejemplos de los párrafos anteriores la pérdida
de poder adquisitivo de los ingresos fue de 11,5%.

En la comparación de los ingresos de fines de 2022 con los del comienzo de 2020 el índice no es
igual para todos, y la razón es que en marzo de 2020 hubo una recomposición que combinó un
porcentaje (de 2,3%) con una suma fija (de $1500, igual para todos). Eso significó un incremento de
12,96% para el haber mínimo y subas de porcentajes decrecientes para los ingresos de mayor
monto, hasta llegar a 3,75% en el caso del haber máximo.
Cambio de fórmula y bonos
Esa modalidad para el aumento de marzo de 2020, tendiente a cumplir con el entonces proclamado
objetivo de achatar la pirámide de ingresos, (una modalidad que provocó reclamos judiciales y que
no se repitió) fue decidida por el Poder Ejecutivo, porque la movilidad que había regido en 2018 y
2019 estaba suspendida. Aquella fórmula de cálculo aprobada por ley a fines de 2017, que en 2020
no se aplicó por la decisión política de Fernández de ajustar a la baja el gasto previsional, daba para
ese año un incremento de 42,1% para todos por igual, mientras que las decisiones discrecionales del
Gobierno hicieron que la recomposición anual fuera de entre 24,3% y 35,3%, dependiendo del nivel
de ingresos.
Frente al resultado con saldo negativo que comenzó a dar durante 2022 la fórmula de movilidad de
la ley 27.609, en un contexto de inflación al alza, el Gobierno comenzó a otorgar bonos
compensatorios que, para quienes cobran hasta el equivalente a dos veces el haber mínimo (y algo
más, aunque con pagos de adicionales más pequeños) son actualmente de $7000 o $10.000 en la
mayoría de los casos (hay quienes perciben otros montos también).
El haber mínimo, de $50.124,26, es hoy un 256,3% nominalmente más alto que el de tres años
atrás, y un 72,48% superior al del inicio de 2022. Ambos índices están por debajo de la inflación de
los períodos correspondientes. Si se considera el bono de $10.000 que se está cobrando en estos
meses, la suma de $60.124,26 en bruto (tras el aporte para el PAMI la cifra es de $58.620) resulta
un 106,9% más alta que la vigente a comienzos de 2022. Así considerado, el haber básico se ubicó
por arriba de la suba promedio de precios, con un efecto de mejora del poder de compra de 6,2%.
El bono, sin embargo, no está incorporado al haber mensual y su pago, que comenzó en diciembre,
está previsto hasta febrero. También hubo adicionales entre septiembre y noviembre del año pasado.
En marzo, el primer mes de 2023 en el que deberá aplicarse un reajuste por movilidad, la suba se
calculará sobre el haber mensual sin contar el bono. Y los funcionarios deberán decidir qué hacer
con el pago de los adicionales que hasta ahora buscan compensar, para algunos casos, el hecho de
que la fórmula de movilidad haya determinado recomposiciones bastante por debajo de la inflación.
Por otra parte, el hecho de estar alcanzado por el bono no genera necesariamente que no se pierda
contra la inflación. Por un lado, porque en el caso de quienes cobran un haber equivalente a dos
veces el haber mínimo -hoy, $100.248,52, en bruto- y perciben, por lo tanto, un adicional de $7000,
el monto del ingreso mensual, con bono incluido, es un 84,5% mayor al de un año atrás. En
términos de poder adquisitivo, esos ingresos son un 5,3% inferiores.