La desacertada decisión de las autoridades de poner en manos del gremio de camioneros la
verificación de la reposición de mercadería en supermercados es, lisa y llanamente, la
institucionalización del apriete mafioso como método de control.
Auscultar con prepotencia para dominar el proceso de abastecimiento entorpeciendo el libre
comercio es un objetivo al que el peronismo ha otorgado, y sigue otorgando, entidad de
epopeya supuestamente en defensa de los intereses de los consumidores. Nada más alejado
de la realidad. La estrategia preferida del populismo intervencionista es valerse del garrote
político cuando no puede arreglar los estropicios de la economía durante sus gobiernos.
Ocurrió con la ley de abastecimiento, de 1974, durante la gestión económica de José Ber
Gelbard, suspendida en parte durante décadas y vuelta a reflotar en 2014 bajo la segunda
presidencia de Cristina Kirchner, cuando el Congreso, haciendo uso de sus mayorías
oficialistas, sancionó un paquete de normas que incluyeron un observatorio de precios en la
Secretaría de Comercio, otorgando poderes permanentes, abusivos y discrecionales al Poder
Ejecutivo para intentar subordinar a su arbitrio el ámbito de decisión propio de las
empresas.
En esta oportunidad, y como insoslayable efecto directo de la impotencia del oficialismo
para corregir el rumbo que lo ha llevado en 2022 al récord de inflación de los últimos 31
años (94,8%), a un aumento de la canasta básica alimentaria del 103,8% y a casi medio país
bajo la línea de pobreza e indigencia, el Gobierno recurre a verdaderas milicias para que
recorran comercios como agentes de control e información del programa Precios Justos, en
reemplazo de Precios Cuidados: dos eufemismos para un mismo fracaso de gestión.
“Nosotros somos los que movilizamos toneladas diarias de alimentos y podemos controlar
la salida de los camiones de los centros de distribución. Tenemos que colaborar para que no
ocurra la especulación, que no escondan la mercadería”, afirmó el secretario general
adjunto del sindicato de camioneros, Pablo Moyano, al intentar defender este grupo
parapolicial y patoteril.
Oscar Borda, delegado de la rama Logística de Camioneros, fue designado por el gremio
para “centralizar” la información que remiten los choferes y enviarla a las oficinas públicas.
Es el mismo dirigente que, en julio de 2020, lideró el bloqueo a Mercado Libre, paralizando
la entrega de miles de productos comprados durante la pandemia y a quien se vinculó con el
ataque a golpes de puño a un trabajador de la empresa de transportes Milo, de Avellaneda,
en septiembre del año pasado.
La tan insólita como ilegal decisión de darle intervención a Camioneros en el control de
abastecimiento a comercios fue acordada entre el Presidente; el ministro de Economía,
Sergio Massa, y el secretario de Comercio, Matías Tombolini, quienes ya fueron
denunciados penalmente.
“Las acciones de apriete y amedrentamiento se inscriben en una tradición y esquemas de
violencias organizadas y orientadas al control de un núcleo de poder. La organización
sindical no tiene legitimación alguna dentro de las funciones que le asigna la ley para hacer
tareas de naturaleza fiscalizadora”, por lo que constituye “una intromisión ilegal en el libre
ejercicio del comercio previsto en la Constitución nacional”, se expresa en los fundamentos
de la denuncia penal presentada por la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, quien
acusa a los funcionarios de incumplimiento de sus deberes, abuso de autoridad,
intimidación pública e instigación a cometer delitos.
Otra denuncia penal por incumplimiento de los deberes de funcionario contra Tombolini y
por usurpación de cargo público contra el gremio de camioneros fue presentada por
dirigentes de la Fundación Apolo, entidad sin fines de lucro cuyo objetivo es luchar contra
la corrupción, generar mecanismos de transparencia y diseñar políticas públicas de calidad
para la transformación del país. Mientras tanto, el Gobierno admitió que carece de
herramientas legales para que intervengan Camioneros, piqueteros o integrantes de
organizaciones sociales, pero suma nuevos agentes de información. El Sindicato Obreros de
Estaciones de Servicio, GNC, Garajes, Playas de Estacionamiento y Lavaderos de Autos se
encargará de “fiscalizar” y “garantizar” el control y el cumplimiento del esquema tarifario
de venta de combustibles.
Como ciudadanos apegados a la ley y defensores del Estado de Derecho, no podemos
desentendernos de estas deleznables prácticas, típicas de patotas y provocadores
paraestatales.
Urge que el Gobierno dé marcha atrás con semejante afrenta y ponga toda su atención y su
esfuerzo en intentar solucionar los gravísimos problemas de fondo que afronta el país, en
lugar de aliarse con dirigentes sindicales de procederes mafiosos.
