Las elecciones provinciales en Jujuy se van a celebrar el domingo 7 de mayo. Se elegirán
gobernador y vice, intendentes y comisionados municipales, y se renovarán por mitades la
Legislatura provincial y los concejos deliberantes.
En Jujuy no hay PASO ni tampoco, por ahora, procesos de elecciones internas partidarias. Por lo
tanto, las candidaturas para cubrir los más de 300 cargos que se ponen en juego, se definen por ests
horas, a través de negociaciones en el seno de cada espacio.
Simultáneamente con los cargos provinciales, el 7 de mayo se van a elegir convencionales
constituyentes que debatirán luego el proyecto de reforma parcial de la Constitución provincial
propuesto por Gerardo Morales y aprobado por la Legislatura en una sesión para el escándalo, en la
que levantó la mano un diputado peronista para darle al oficialismo el número que necesitaba.
En principio, el plan oficial consistía en convocar a elección de convencionales en diciembre. Sin
embargo, las numerosas críticas que recibió el proyecto y, sobre todo, los resultados adversos en las
encuestas hicieron que el tema se dejara para más adelante.
En su momento esta postergación fue interpretada como un traspié de Morales e incluso algunos
dijeron que se trató de un “triunfo del pueblo jujeño”. Pero la unificación de las elecciones
provinciales con las constituyentes le dan al radical una ventaja. Ante la falta de candidatos
atractivos, potentes y con peso propio, él mismo va a encabezar la lista de convencionales para, de
ese modo, traccionar a quien termine siendo el elegido para sucederlo.
Los nombres que aparecen como posibles candidatos radicales a la gobernación son los del actual
ministro de Hacienda, Carlos Sadir, y su par de Gobierno y Justicia, Normando Álvarez García.
Este último fue, hasta 2019, embajador argentino en Bolivia, y está imputado por la justicia de ese
país en el marco de la causa que investiga el golpe de Estado contra Evo Morales de noviembre de
ese año. Otra figura que se menciona en las encuestas es la de Natalia Sarapura, actual ministra de
Derechos Humanos y Pueblos Indígenas.
Mientras tanto, algunos intendentes oficialistas protestan por lo bajo ya ue no son tenidos en cuenta
para correr la carrera a la gobernación. Es el caso de Julio Bravo, de San Pedro de Jujuy, y Raúl
Jorge, de San Salvador de Jujuy, quien además carga sobre sus hombros con el peso de estar
imputado en la denominada Megacausa, que involucra al exgobernador Eduardo Fellner y a Milagro
Sala, además de otros exfuncionarios y jefes comunales.
Por el lado de la oposición, el mapa es aún algo incierto. Plagado de conversaciones y ofertas de
candidaturas, el peronismo en Jujuy está representado por dos grandes territorios. Por un lado, está
el Partido Justicialista, que preside el empresario Rubén Rivarola, propietario del diario El Tribuno
de Jujuy, quien no niega ni confirma que vaya a postularse para la gobernación mientras busca al
mejor candidato -o candidata- para la intendencia de la capital. Se trata de un distrito históricamente
adverso al peronismo, por lo que los tentados por el jefe partidario tienen más dudas que
entusiasmo.
Por otro lado, en los últimos meses se terminó de conformar el Frente Unidos por Jujuy, un amplio
espacio integrado por una treintena de partidos provinciales, sindicatos y organizaciones sociales
que se enfrentan tanto a Morales como a la conducción partidaria de Rivarola. Planteado como la
verdadera oposición -ante la indudable sociedad política entre los dos líderes del bipartidismo- este
frente incluye además a comunidades originarias, empresarios pymes y pequeños comerciantes,
centros vecinales y otras expresiones no identificadas partidariamente.
Entre muchos otros participan referentes de organizaciones como la Tupac Amaru, Nuestramérica,
Barrios de Pie, la CCC, el MTE, y también organismos de DDHH, colectivos feministas y
agrupaciones de periodistas.
Allí están también cinco legisladores y legisladoras provinciales que responden a Juntos por Jujuy,
el partido provincial del senador nacional Guillermo Snopek, quien impulsó en 2020 un proyecto de
intervención federal al Poder Judicial de Jujuy que llegó a la Comisión de Asuntos Institucionales
de la Cámara alta perdiendo estado parlamentario cuando devino la pandemia.
