Por Daniel Santa Cruz – El juicio llevado adelante en tribunales pampeanos cumplió con sus 18
jornadas pactadas y el próximo 2 de febrero se conocerá la sentencia. El crimen de Lucio Dupuy se
juzga en paralelo a otro homicidio sucedido hace tres años en Villa Gesell, el de Fernando Báez
Sosa, asesinado a golpes por un grupo de jóvenes. Este juicio, el de Báez Sosa, consume casi toda la
agenda informativa del verano, prácticamente, en lo que no tiene que ver con la política y la
economía, sólo se habla del juicio que se lleva a cabo en Dolores. La demanda social está puesta
mayoritariamente en ese tema, y no tanto en el crimen de Lucio, que tiene ribetes dolorosos
cargados de crueldad y sadismo al punto que se nos hace increíble pensar que un niño de 5 años
haya tenido que pasar por semejante calvario. Así se vio durante el proceso y así lo detalló su
abuelo Ramón esta semana, aún absorto por el dolor de perder un nieto en esas terribles
circunstancias: “La pregunta es qué es lo que no le hicieron, porque a Lucio lo vejaron. En el
momento de matarlo le quebraron su cadera. Tiene muchas costillas quebradas, como así también la
clavícula. Tiene sus genitales mordidos a punto de cortárselos y quemaduras de cigarrillo por todo
el cuerpo. Mientras lo masacraban a palos, lo violaban”, dijo.
Podríamos encontrar algunas respuestas para entender por qué el juicio que busca aclarar el crimen
de Báez Sosa acapara mayor atención que el de Lucio Dupuy. Una muy factible sería porque se
trata de un homicidio a la salida de un boliche, donde una patota golpea a un joven hasta matarlo.
Situaciones similares se viven casi todas las semanas en distintas zonas y en medio de salidas
nocturnas con jóvenes como protagonistas, no todas terminan en crímenes, pero si en violentas
golpizas, esto hace que el ciudadano común pueda sentir familiaridad con esa situación. Los hijos,
sobrinos, nietos, salen a bailar y podrían enfrentarse a una situación similar a la de Fernando,
entonces la empatía y solidaridad con su familia florece naturalmente. Más aún teniendo en cuenta
el accionar desmedidamente violento de este grupo, a lo que habría que agregar un desinterés
horripilante por la víctima luego de consumado el hecho.
Todo esto que convocó la atención pública de una gran mayoría es lo contrario a lo que sucedió con
Lucio. Resulta inimaginable para cualquier madre pensar que alguien que tiene ese vínculo de amor
maternal podría hacer algo tan sádico y cruel con su hijo de modo que lo ubica en una situación tan
extrema como ajena a sus parámetros de vida. No visualiza en ese crimen algo que podría
remotamente sucederle a alguien de su entorno familiar o social.
Pero existe otro debate detrás del homicidio de Lucio que sí debería interpelarnos, como es el
comportamiento del estado a través de las fuerzas de seguridad y justicia que claramente falló en el
caso Dupuy. Familiares de Lucio señalan que la madre tuvo prioridad para la justicia y la policía a
pesar de las denuncias del padre y el tío sobre el comprobado maltrato que la pareja le infligía:
“porque creían que el niño no iba a estar mejor con nadie que no sea la madre”, dicen, y declararon
que la justicia no atendió su reclamo ni aun cuando vecinos denunciaron que Lucio era golpeado
por su madre y su pareja, incluso deslizan que existió una discriminación hacia el padre y el tío
malintencionada por un sesgo de perspectiva de género, que no debería existir en la justicia en un
caso así, ya que se rompe el equilibrio de igualdad ante la ley de todos los ciudadanos, sin importar
su sexo, preferencia sexual o su autopercepción de género.
Uno de los reclamos sociales, que luego se transformaron paulatinamente en políticas públicas
necesarias, vino de la mano de los movimientos que lucharon contra la violencia de género y por la
igualdad de derechos, como el “Ni una menos”, todo lo logrado fue positivo, se sancionaron normas
que establecieron derechos y responsabilidades del estado para resguardarlas. Esto hay que cuidarlo,
y una buena manera de hacerlo es que esa traza no interfiera en las decisiones de la justicia. En los
últimos días se escucharon algunas voces, pocas por cierto, que hablaban de “lesboodio”.
Posicionarse en uno de los dos extremos serían un error imperdonable, tanto sumarse al odio a
parejas lesbianas cómo si esa fuese la razón más determinante para que la mamá de Lucio y su
pareja cometieran este delito salvaje o creer que son estigmatizadas por su elección sexual y por eso
merecen un trato preferencial, es un simplismo que solo aportaría más confusión y animadversión
para entender algo más complejo. Su preferencia sexual es absolutamente irrelevante para investigar
un homicidio de estas características.
El Estado tiene esa responsabilidad y este gobierno la tiene aún más porque prioriza su mirada
crítica sobre la justicia, pero solo la circunscribe a la Corte Suprema, al Consejo de la Magistratura
y a los Tribunales de Comodoro Py, allí es donde se tramitan los expedientes, denuncias y juicios
que tienen que ver con la política, los políticos y funcionarios, sobre todo en causas ligadas a la
corrupción pública. Es lo único que les interesa modificar, simplemente porque sería en su
beneficio. El resto de la sociedad jamás pasará por alguno de esos estamentos judiciales, sí podrá
hacerlo como víctima, denunciante o denunciado por el resto de los fueros, y es allí donde deberían
prevalecer herramientas, capacitación y normas eficientes y cumplibles para garantizar un mejor
servicio de justicia, para que un accionar correcto, y a tiempo en futuras situaciones similares,
alcancen para evitar otro crimen inhumano, brutal e incomprensible como fue el que le costó la vida
a Lucio Dupuy.
