Las imágenes de dirigentes del sindicato de Camioneros en centros de distribución de grandes cadenas de supermercados encendieron las alarmas en la oposición y en parte del empresariado. ¿Qué potestad tienen los representantes de un gremio o piqueteros para revisar depósitos privados de una compañía?
Sin embargo, fuentes oficiales insisten con que los sindicatos no tienen capacidad de imponer multas o sanciones, como sí ocurre en el caso de los municipios, cuya participación fue plasmada en los acuerdos. Los inspectores de las intendencias hacen una auditoría de precios y stock y se llevan para las localidades una tajada del monto de las sanciones: 30%. Camioneros solo tendría capacidad para informar a la Secretaría de Comercio.
Además, desde el Gobierno agregaron que Camioneros no es el único gremio trabajando bajo esta modalidad. El sindicato de Alimentos, Comercio, de Plásticos, de Vidrio, y la Unión Obrera Metalúrgica, entre otros, formarían parte de un grupo de “agentes de información” que abastecen de datos a la Secretaría de Comercio para tomar medidas contra determinadas empresas que incumplen los acuerdos, en los distintos rubros en los que se firmaron, como celulares o insumos intermedios. Sin embargo, los dos primeros gremios mencionados (a cargo de Rodolfo Daer y Armando Cavalieri, en ese orden) negaron su participación
Este medio también consultó al Ministerio de Economía con respecto a la operatoria y el canal de comunicación de los sindicatos con los funcionarios nacionales. Los camioneros son responsables de verificar que los listados de stock que cargan a sus vehículos coincidan con los pedidos de reposición realizados por los supermercados. Estos serían, de acuerdo con fuentes oficiales, elevados por las propias cadenas a las oficinas gubernamentales para su control en los depósitos, que tienen como fin verificar el abastecimiento por parte de los proveedores, como P&G, Molinos Río de la Plata, Colgate-Palmolive y Unilever.
Camioneros debería informar ante entregas parciales, demoras en el suministro a los puntos de venta o suspensiones en el transporte. En la Secretaría de Comercio expresaron desconocer cuál fue el mecanismo delineado para elevar los reclamos. Posteriormente, desde el Palacio de Hacienda se encargan de llamar a la empresa proveedora de productos para consultar por el motivo de la tardanza.
Por otra parte, el Gobierno asegura que no hubo reclamos formales ni informales de las empresas dentro del programa Precios Justos. Pese a ello, la avanzada de los Camioneros es vista en los supermercados con una mezcla de preocupación y resignación. La inquietud pasa por la relación que mantiene el sector con el gremio que conducen los Moyano.
