El Gobierno anunció ayer la suspensión de 154.441 planes Potenciar Trabajo. El anuncio estuvo a cargo de la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz. En el Gobierno buscan alejar la idea de “ajuste” en el gasto social y hacen hincapié en que se trata de una “suspensión” y no una “baja” o recorte. En esa línea explicaron que quienes tengan sus planes suspendidos es porque no revalidaron sus datos en una auditoría en la que el 89% de quienes reciben el beneficio sí hicieron la actualización de su información personal. Conservan la ayuda estatal 1.210.571 beneficiarios, de los cuales la mitad son de la provincia de Buenos Aires. “A ellos les corresponde percibir porque sabemos perfectamente su situación patrimonial. El programa está transparentizado en un 88,7%”, indicó la funcionaria en una conferencia de prensa.
A quienes queden suspendidos tras el anuncio de este lunes se les va a liquidar a partir del 5 de febrero la mitad del Potenciar y quedará sujeto a una instancia de reclamo para poder validar sus datos a través de los mismos procedimientos que estuvieron vigentes desde noviembre. En caso de que lo hagan volverán a cobrar normalmente el beneficio, en tanto que quienes no vuelvan a hacerlo al período siguiente no percibirán ningún tipo de ingreso por el Plan y 60 días después de eso podrían ser efectivamente dados de baja, explicaron fuentes de la cartera a LA NACION. “Si no validaron, percibirán el primer mes un 50%. Al segundo mes será cero”, precisó Tolosa Paz, que agregó que el ministerio a su cargo no tenía estos datos para canalizar la ayuda.
“¿Qué puede ocurrir a partir de esto? Que haya personas que, sabemos, puedan tener dificultades para lograr la validación, ya sea por desconocimiento de esta obligación que rige por resolución ministerial o por falta de accesibilidad. Han tenido dificultades y queremos dejar abierta la posibilidad de que inicien el reclamo administrativo”, dijo Tolosa Paz.
Por su parte, fuentes del Ministerio estimaron que el número de personas que podrían reclamar a partir de ahora y terminar revalidando su identidad rondaría los 30.000 beneficiarios. Consideran que el resto terminará cayendo. La sospecha más fuerte después de los relevamientos que se hicieron y el tiempo del proceso es que las personas que no revalidaron es porque no saben que están percibiendo el beneficio. En síntesis: que algún intermediario o “un puntero” está cobrando el plan sin que ellos lo sepan.
Además, explicaron que en términos de organizaciones y movimientos sociales, cada una de ellas perdió en promedio un 20% de los planes.
El reclamo se podrá hacer, como se hizo hasta ahora, a través de la aplicación Mi Argentina y también de forma presencial en distintos puntos, algo que ya sucedía desde noviembre, cuando comenzó la revalidación de datos y que, como señalan desde Desarrollo Social, se le dio difusión al tema y hasta la propia Tolosa Paz visitó los operativos de validación.
Precisamente, la etapa de reclamo y validación de datos que se abre ahora es el elemento al que apuntó Tolosa Paz para sostener que, de momento, los movimientos sociales no tendrían margen de reclamo en el tema.
