Por Felipe Álvarez – El juicio político que han decidido impulsar contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación es quizás una de las batallas más incomprensibles que decidió librar un presidente débil, que perdió poco a poco toda autoridad política y que también parece haber perdido la brújula decisional.
Lo que quiero destacar en estas líneas es la forma en que el tema se presenta ante la sociedad en la mayoría de los territorios de los que provienen los líderes provinciales que apoyan la medida. Porque más allá de los alcances y las discusiones de naturaleza jurídica y administrativa, la forma en que se comunica y la construcción social del tema, particularmente en el interior del país, inciden no solo en la opinión pública sino también en el comportamiento de una parte importante del electorado.
El gobierno nacional y los gobernadores “amigos” han montado un relato construido sobre una discusión falsa. Porque las razones detrás de la respuesta de los oficialismos a la medida cautelar dictada por la Corte Suprema -que ordena restituir al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires los fondos para la seguridad- son políticas y responden centralmente a una lógica: la electoral. En este caso, se intenta destituir a una Corte porque falló en contra de un Gobierno. Un fallo cautelar que, además, resolvió a favor de quien hoy es el candidato opositor más competitivo y con mayores chances para la elección presidencial de este año. Tan simple como eso.
¿Por qué es importante aclararlo? Porque la instalación de la noticia en el interior del país, principalmente, recurre a un engaño. Básicamente, se corre la discusión hacia otro lado. Esto es así por cuanto los recursos en cuestión no afectan la masa coparticipable que se destina a las provincias y en el presupuesto recientemente aprobado en el Congreso de la Nación no se modifica ni se altera un solo peso comprometido para las provincias. Pero la narrativa de los gobernadores instaló en gran parte de la opinión pública que este fallo de la Corte Suprema fue pensado para perjudicar al interior pobre versus el centro rico. Así, el presidente y los gobernadores aliados que le quedan, afirman que los fondos que se deben reintegrar a la Ciudad de Buenos Aires se le quitan a las provincias del interior del país. Y eso es falso. Es la caja del Estado nacional la que deberá hacer frente al pago de los recursos de la Ciudad, de la misma forma en que el Estado Nacional debió restituir fondos a las provincias de Santa Fe, Córdoba y San Luis luego de que la Corte Suprema fallara hace unos pocos años en idéntico sentido que ahora, o sea, en favor de unidades territoriales subnacionales.
¿Perjudica a las provincias el fallo de la Corte? No. Las provincias no sufren ningún perjuicio en esta discusión. De la misma forma en que cuando el Estado Nacional hizo la quita de fondos a la Ciudad hace dos años no fue un solo peso a las provincias más relegadas del interior, solo a la provincia de Buenos Aires. Así como antes no les dieron, ahora no les van a quitar. Dicho en forma más simple, un día el Presidente le sacó plata a Rodriguez Larreta para dársela a Kicillof. No se repartieron esos fondos entre las provincias más relegadas del norte o las más frías del sur. De ahí que la sobreactuación de gobernadores como el de La Rioja, mi provincia, deben inscribirse en otra lógica: la de la especulación en un año electoral. Más absurdo aún resulta escuchar a varios de esos gobernadores enunciando discursos inflados de federalismo, respeto por las instituciones y división de poderes, que poco tienen que ver con las realidades de sus distritos, como es el caso de mi provincia.
Con la llegada de Alberto Fernandez a la presidencia, el gobernador de mi provincia, Ricardo Quintela, recibió más plata que la que nunca antes había recibido La Rioja. Un Estado Nacional que financia más del 90% de los recursos de la provincia, pero que no llegan a la gran mayoría de los riojanos, con empleados públicos que cobran los sueldos más bajos del país -70 mil pesos mensuales abonados por el Estado en dos partes al mes- y una salud y educación pública desmanteladas en el interior provincial. No es de extrañar que esa relación casi simbiótica de amor y necesidad mutua terminara con el gobernador riojano como uno de los principales voceros contra la Corte Suprema de la Nación. Incluso llegando a instalar carteles con el retrato de los miembros de la Corte Suprema en la puerta de la Casa de Gobierno de La Rioja, al estilo de las peores persecuciones y cazas de brujas de la democracia reciente.
Como el tero, mientras grita federalismo en los medios nacionales, concentra y esconde los recursos que llegan de la nación y se usan con total discrecionalidad y sin ningún tipo de control ni rendición a nadie. Una provincia con una centralización administrativa extrema, que gestiona la totalidad de los recursos de los municipios riojanos, que no cuentan con cartas orgánicas. Hasta las designaciones de los empleados municipales o el arreglo de la lamparita de una plaza dependen del visto del Gobernador. Un gobernador que habla del peligro de la falta de división de poderes en nación mientras en los últimos años designó a familiares y amigos en las más altas posiciones de los 3 poderes del Estado riojano: familiares en el Superior Tribunal de Justicia, Ministros, Secretarios, Administradores de las Empresas del Estado. No ha quedado espacio institucional sin penetrar. Y ahora va por más, busca reformar la Constitución de la provincia para reinstalar la reelección indefinida.
Pero al parecer, la amistad con el presidente y su apoyo ciego en causas imposibles, tienen premio. A La Rioja le multiplicaron 12 veces los fondos extracoparticipables en los últimos 3 años. El gobierno nacional aumentó un 1.200% el dinero que envía a la provincia por fuera de lo que va por coparticipación. La misma provincia en la que las mujeres del interior deben viajar 300 km porque no hay médicos ni hospitales con capacidad de asistencia y deben parir en la capital. Donde los chicos de las escuelas públicas estuvieron 1 mes sin clases en el 2022 después de no asistir a la escuela casi 2 años durante la pandemia.
Se busca instalar “el problema de la Corte” en el centro de la agenda. Algo que no solo demuestra lo ajenos que están a las preocupaciones y a la realidad cotidiana de los argentinos en este inicio de 2023, sino que las razones que se usan para justificar el intento de destitución de los jueces de la Corte por medio de un juicio político son, en el mejor de los casos, cuestionables. Una jugada incomprensible, una batalla perdida en un contexto desfavorable que solo apunta un despropósito más en la lista de imágenes del naufragio en que entró hace un tiempo ya el gobierno nacional.
Como el tero, gritan y gritan contra la Corte, pero están poniendo los huevos en otro lado: en el sostenimiento de un gobierno y un sistema de funcionamiento del federalismo como un club de amigos que sigue aumentando la brecha en el desarrollo del país, para continuar con un círculo de frustración y pobreza del que cada vez cuesta más salir.
